Las discrepancias entre los socios del Gobierno de coalición se han evidenciado todavía más en la última semana, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Unidas Podemos hace gala de su bandera de partido social en asuntos especialmente delicados en el seno del Gobierno como prohibición de los desahucios, cortes de luz, agua y gas, la subida del SMI y cambios en pensiones, entre otros. Materias que el Ejecutivo también presta especial sensibilidad pero que prefiere ser cauto en cuanto a la manera jurídica de legislarlos.

Respecto al caso del corte de suministros, desde Unidas Podemos responsabilizan al ministerio que dirige Teresa Ribera, Transición Ecológica, de negarse a prohibir los cortes de luz, agua y gas. Fuentes de Unidas Podemos señalan que llevan varias semanas trabajando para convencer al Ministerio de Transición Ecológica de la necesidad de prohibir los cortes de suministros mientras dure el estado de alarma, como medida complementaria a la suspensión de los desahucios, y garantizar así viviendas en condiciones dignas. “No podemos hablar de vivienda digna si no garantizamos agua, luz y gas a las familias”, lamentan.

Ante la negativa reiterada de Transición -según el partido del vicepresidente segundo del Gobierno- Unidas Podemos ha propuesto replicar el sistema acordado para la suspensión de los desahucios yobligar a las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua a que soliciten a los servicios sociales un informe antes de proceder al corte con el objetivo de comprobar si la familia se encuentra en situación de vulnerabilidad.

En opinión de Ione Belarra, dirigente de Unidas Podemos y secretaria de Estado para la Agenda 2030, “en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar”. Además, Unidas Podemos considera imprescindible que las grandes empresas energéticas del país, con beneficios millonarios, arrimen el hombro en plena pandemia y se corresponsabilicen de la garantía de los derechos humanos dado que obtienen beneficio de comercializar un bien de primera necesidad.

Ante la presión de los morados, Montero ha anunciado que en las próximas semanas se trasladará en una “disposición adicional” que ningún consumidor vulnerable “vaya a tener esos cortes, incluso aquellos que no sean beneficiarios del bono social”. La portavoz también ha confirmado que esto se tramitará en uno de los decretos que se están ultimando en el Consejo de Ministros, previsiblemente, el que prohibirá los desahucios.