El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el que fuera su número dos, Francisco Martínez, confrontarán hoy ante el juez sus contradictorias versiones sobre la «operación Kitchen», el supuesto espionaje policial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, para sustraerle documentación comprometedora para el PP sobre su «caja B» a través de su chófer.

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga los hechos en una de las piezas del «caso Villarejo», acordó llevar a cabo un careo entre ambos para intentar arrojar luz sobre los puntos contrapuestos de sus respectivas declaraciones como imputados.

El exsecretario de Estado levantó ante notario sendas actas con cuatro supuestos mensajes que le habría enviado el entonces ministro sobre la «operación Kitchen» entre julio y octubre de 2013, coincidiendo esta última fecha con el volcado de la información de dos móviles de Bárcenas. Pero Fernández Díaz niega que se los enviara y dado que Martínez los borró tras ese protocolo notarial, que llevó a cabo en junio y octubre del pasado año, la única constancia de esos mensajes son esos documentos a los que la defensa del exministro niega validez probatoria, sobre todo porque el acta notarial, mantiene, no acredita fehacientemente ni que esos mensajes se enviaran ni la identidad del remitente, por lo que considera que pudieron ser manipulados.

El pasado 30 de octubre, Fernández Díaz facilitó a García Castellón su actual teléfono móvil, donde según constató el secretario judicial no hay ni rastro de esos mensajes. Ahora, el magistrado quiere inspeccionar el terminal anterior en busca de unos sms que el exministro niega, entre otras cosas, argumenta, porque el no usa al escribir la «q» por el «que» ni el lenguaje operativo que se utiliza en alguno de ellos (por ejemplo, el término «Cecilio», nombre encubierto con el que se conoce a los agentes del CNI).

Francisco Martínez aseguró al juez que acudió al notario decepcionado por la falta de respaldo del que fuera su jefe tras ser vinculado con «Kitchen», pero sus dos comparecencias se produjeron días después de que el comisario Enrique García Castaño le situara en el epicentro de la operación.

El exnúmero dos de Interior, que defendió que la operación era legal y su objetivo era hallar pruebas del blanqueo de Bárcenas y no sustraer documentos sensibles para el PP, sí señaló a García Castellón que la primera ve que supo de ese espionaje al ex tesorero del PP fue cuando Fernández Díaz le pidió que averiguase si el infiltrado era el chófer de Bárcenas, Sergio Ríos. Extremo éste que también niega el extitular de Interior.

Dado que al chófer de Bárcenas se le pagó con dinero de los fondos reservados del Ministerio del Interior (a razón de 2.000 euros al mes), el juez de «Kitchen» quiere esclarecer también si era el entonces secretario de Estado de Seguridad –como mantiene Fernández Díaz– el que gestionaba esos fondos por delegación del titular de Interior, por lo que él no estaba al corriente de los mismos ni participaba en su gestión cotidiana.