Fernández Díaz niega que enviara a su “número dos” mensajes sobre la “operación Kitchen”

El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del “caso Kitchen”, que deje sin efecto su citación como investigado (señalada para el próximo día 30) al considerar que su imputación solo está basada en “sospechas y conjeturas”.

En el recurso planteado por su defensa contra la decisión del magistrado de citarle a declarar como investigado, el letrado Jesús Mandri niega que el ex ministro enviase a su entonces número dos, el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez (también investigado), los mensajes que éste le atribuye sobre su supuesto conocimiento de la operación parapolicial puesta en marcha supuestamente desde Interior en 2013 y 2014 para sustraer al chófer de Luis Bárcenas documentación sensible para el PP sobre su “caja B”.

Tras dos años de investigación, mantiene en el escrito, “es claro que una nueva imputación” debe estar “suficientemente motivada” para evitar así “no solo una investigación prospectiva sino la denominada pena de telediario” a la que ya ha sido sometido Fernández Díaz, algo que según su defensa no se da en este caso, pues mantiene que su imputación “carece de cualquier sustento” y está “anclada en meras sospechas y conjeturas no sustentadas en indicios”.

El letrado se queja de que se dan por buenos los mensajes que supuestamente le envió a Francisco Martínez en julio y octubre de 2013, y que éste plasmó en sendas actas notariales intervenidas en el registro de su domicilio el pasado marzo. Y defiende que antes de acordar la imputación del ex ministro “debió comprobarse la autenticidad de los referidos mensajes”.

Para la defensa de Fernández Díaz, deberían valorarse “con recelo” esos mensajes dado que Martínez los borró tras su comparecencia ante notario por lo que -al no haber sido hallados por la Policía en la información volcada de su móvil- “la única constancia de tales mensajes es impresa” a través de esas actas.

En el segundo de esos mensajes se hace referencia, entre otras cosas, a que “la operación se hizo con éxito” y que se había “volcado todo”. Para la defensa del ex ministro su contenido es “totalmente inverosímil y contradictorio” porque ve “absurdo” que Fernández Díaz estuviera al corriente de ese supuesto volcado de los datos de los móviles de Bárcenas y que “fuera él quien informara al secretario de Estado de Seguridad, y no al revés” cuando, recuerda, según sostiene la Fiscalía el contenido de ese volcado se lo entregó Francisco Martínez al comisario Enrique García Castaño, el ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía.

Los mensajes de texto, subraya, “son perfectamente manipulables” y más teniendo en cuenta que los notarios no comprobaron “la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron” (cuando Martínez los protocolarizó en junio y noviembre del pasado año, por lo que por sí mismas esas actas no son una prueba irrefutable de que esos mensajes fuesen reales ni “garantizan la identidad de los comunicantes”. Solo los peritos, defiende, podrán establecer que esos datos son ciertos o han sido manipulados. De ahí que considere “imprescindible” que se practique una prueba pericial y que rechace que Fernández Díaz enviara y recibiera esos mensajes, pues insiste en que no hay ninguna prueba de que así fuera.

Asimismo, cuestiona que se señale a su defendido por el instructor como “centro nuclear” de la “operación Kitchen” por “el mero hecho” de ser ministro del Interior en esas fechas. En esa línea, en el recurso se hace hincapié en que en el informe de la Fiscalía pidiendo su imputación su nombre no figura entre las personas “plenamente identificadas en la presente investigación”.

“Es claro que el origen de la operación Kitchen”, argumenta, no afectaba al Ministerio del Interior. Bárcenas, añade, era tesorero del PP, “no del Ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. A Fernández Día, recalca, “no le afectaba ni perjudicaba el resultado de la investigación judicial” sobre los “papeles de Bárcenas” (que supuestamente puso en marcha esa operación parapolicial para sustraer al ex tesorero documentación sensible para el PP relacionada con la “caja B”).

Por tanto, añade, “no tenía interés alguno o motivación especial en la creación o coordinación de una operación policial dirigida a sustraer determinada información de aquella investigación judicial”. Por tanto, el letrado ve “un exceso interpretativo” “focalizar” y “encapsular” la investigación en Fernández Díaz y acordar su imputación “por el mero hecho de que estuvo al frente de dicho ministerio durante los años 2013 a 2015”.

Y en cuanto a los audios de conversaciones intervenidas a Villarejo, mantiene que se trata de “referencias genéricas e imprecisas a una multitud de personas de las que no puede desprenderse en absoluto la participación” de Fernández Díaz en la “operación Kitchen”.

Su imputación, continúa, tampoco puede “anudarse” por los pagos con cargo a los fondos reservados, pues él “no estaba al corriente ni participaba en la ordinaria gestión y control de los fondos, pues lo hacía la Secretaría de Estado de Seguridad por delegación”.

Lo más conveniente, argumenta, sería citar a Fernández Díaz como testigo para determinar “el grado de conocimiento que pudo tener” de los hechos investigados. Y muestra su “absoluta disposición” a testificar.