El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez se quejó en una nota interna guardada en su móvil, intervenido por la Policía, de la decisión del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez de desclasificar en diciembre de 2018 los documentos sobre pagos con fondos reservados que afectan a la «operación Kitchen». En ese escrito, el que fuera número dos de Interior atribuye la iniciativa al actual titular del ministerio, Fernando Grande-Marlaska, de quien dice que generó «un gran daño mediante una desclasificación masiva de documentos para montar un escándalo político».

El ex político imputado en el procedimiento –en el que se investiga el supuesto espionaje a Luis Bárcenas, entre 2013 y 2015, por orden de «altos representantes del Partido Popular» para sustraerle documentación comprometedora para la formación en el «caso Gürtel»– va más allá y sostiene que lo que buscaba Grande-Marlaska era «impresionar a su actual jefe y demostrar que tiene el pedigrí socialista que durante años negó». En esa nota, fechada el 13 de octubre de 2019, aventura incluso que desde el departamento que dirige el ex magistrado de la Audiencia Nacional se habría pedido a periodistas que hiciesen «mucho ruido con este asunto antes del 10-N (las generales de noviembre de 2019).

«Es importante que no se desclasifique nada más», recalca después de que en mayo de ese mismo año el Consejo de Ministros hubiese desclasificado la normativa interna de Interior sobre la gestión y control de los fondos reservados.

El ex número dos de Fernández Díaz –cuya imputación, como la de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha solicitado Anticorrupción– también arremete contra los fiscales del caso, a quienes achaca estar «obsesionados con esta pieza» y actuar «por venganza y afán de notoriedad». De hecho, sugiere que «debería haber personas con capacidad de llegar a los fiscales».

Las 274 páginas del informe policial de enero del pasado año que analiza el material desclasificado hizo concluir a la Fiscalía que para pagar a Sergio Ríos, el chófer de la esposa de Bárcenas al que captó Villarejo para que se hiciera con los documentos sensibles para el PP que ocultaba el ex tesorero, «se habrían utilizado de modo desviado fondos reservados del Ministerio del Interior a través de la Secretaría de Estado de Seguridad».

Además de los pagos a Ríos (apodado «cocinero», «chef» o «K2»), a razón de 2.000 euros mensuales, esos documentos incluyen el pago en efectivo al comisario Enrique García Castaño de 50.000 euros entre julio de 2014 y mayo de 2015 con cargo a los fondos reservados, que el ex mando policial negó ante el juez que fueran destinados a esta operación.

Tras ser imputado en Kitchen, Martínez se vio excluido de las listas para las elecciones generales del 28 de abril del pasado año y –según consta en el escrito en el que la Fiscalía pide la imputación de Cospedal y Fernández Díaz– se dirige directamente a Mariano Rajoy, «al que traslada lo que considera una injusticia y solicita que no le “dejen tirado” buscando otra fórmula» como su inclusión en la candidatura del PP a la Asamblea de Madrid el 26-M, que él consideraba merecía por su «lealtad y compromiso» al partido. «No consta que obtuviera contestación», apunta Anticorrupción.

Después lo intentó, también sin éxito, ante el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a quien se quejó de que quedarse “tirado y marcado como un corrupto por los míos” le hacía “un daño irreparable”. Tras insistir en que se había “metido en este lío” por ser “comprensivo, leal y comprometido” y por “lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Rajoy”, le garantizó que esa misma lealtad “os tendría al presidente y a ti”.