Urkullu aprieta a Sánchez para que acerque a 200 presos de ETA

Con la covid-19 como excusa, el gobierno vasco solicitó ayer por escrito al Ejecutivo central que acerque a las cárceles de la comunidad vasca a 200 presos de ETA que están cumpliendo en la condena por diferentes centros penitenciarios de España. Así lo anunció el secretario para la Convivencia y los Derechos Humanos, Jonan Fernández, que subrayó que la crisis sanitaria aconseja poner fin a la política de dispersión para evitar los traslados de los familiares a otras comunidades y así reducir el posible contagio.

El alto cargo del ejecutivo que dirige Íñigo Urkullu subrayó que «ya sería cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y post-pandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública». Su petición incluye no solo a los reclusos de ETA sino también a otros 130 presos comunes, que en palabras del secretario para la Convivencia y los Derechos Humanos, tienen «arraigo a la comunidad».

En concreto, pidió su traslado a las cárceles de Basauri (Bizcaya), Martutene (Gipuzcoa) y Zaballa (Álava) . «Cualquier familiar de un preso, da igual de dónde sea o qué delito haya cometido, que no esté encarcelado en la provincia en la que reside su familia, lleva tres meses sin poder disfrutar el derecho de visita», aseguró.

Tras apuntar que no se sabe «cuándo se va a abrir la movilidad entre comunidades autónomas», indició que «es posible que, dentro de cuatro o cinco meses, en otoño, haya otro rebrote». «Es posible que vuelva a limitarse la movilidad de comunidades autónoma y tendrían que volver a bloquearse las posibilidades de visita», insistió.

La petición se produce en medio de un clima de creciente tensión en las calles del País Vasco que hace pensar en el rebrote de una nueva «kale borroka».Con la huelga de hambre del etarra Patxi Ruíz como pretexto, en las últimas semanas se multiplicaron los ataques a las sedes de partidos. Ayer varios desconocidos realizaron nuevas pintadas de apoyo al preso en las fachadas de una sede del PSE y de otras formaciones políticas en Bizcaya y Guipuzcoa que se suman a la lista de ataques similares que sufrieron diferentes partidos en la última semana, entre ellos el ataque del domicilio de la socialista Idoia Mendia. Ninguna formación se libra de estos ataques violentos que tienen la firma del «Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión», disidentes de la banda terrorista. En total, desde el pasado mayo cuando el etarra Patxi Ruíz inició una huelga de hambre se han contabilizado un total de 36 ataques.

Además, esta reclamación se produce dos semanas después de que ocho formaciones – Unidas Podemos, JxCat, PNV, Bildu, Más País, CUP, BNG y Compromís– firmaran un manifiesto impulsado por los partidos nacionalistas e independentistas, urgiendo al Gobierno a excarcelar a los presos enfermos o de avanzada edad o los que se sitúan en situación de vulnerabilidad ante la pandemia del coronavirus.

Desde Covite reaccionaron ayer a esta petición y calificaron de «indecente» la conducta del Gobierno Vasco al que acusa de «aprovechar la excepcionalidad de la crisis sanitaria sin precedentes provocada por la covid-19 para reclamar el acercamiento a cárceles vascas de todos los etarras presos y de cerca de un centenar de presos comunes».

No es la primera vez que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu solicita a Pedro Sánchez el fin de la dispersión de los presos de la banda terrorista. A principios de 2020, el ejecutivo vasco ya trasladó esta petición al gobierno de Pedro Sánchez que incluía llevar a los presos a las prisiones de País Vasco, Navarra u otra cercanas, sin necesidad de arrepentimiento previo, tal y como hasta ahora.

Por otro lado, antes de que estallara la crisis sanitaria del coronavirus, Sánchez y Urkullu ya acordaron un calendario de transferencias que incluía la gestión de los centros penitenciarios y la de la gestión económica de la Seguridad Social, dos asuntos que quedaron paralizados por el coronavirus pero que podrían retomarse en cualquier momento. Más aún a puertas de las elecciones y tras la firma del acuerdo entre Podemos, Bildu y el PSOE para derogar la ley laboral de Rajoy tan criticado por el lendakari. No hay que olvidar que Urkullu lleva reclamando varios años el acercamiento de los presos de ETA a la comunidad porque, porque según dice, que cumplan lejos del País Vasco su condena es «un castigo añadido y arbitrario».