Borrell elude culpar a España del incumplimiento de las sanciones a Venezuela

El malestar en la capital comunitaria sobre el caso Ábalos sigue siendo palpable, así como los intentos por pasar página. La decisión acordada el pasado 13 de noviembre de 2017 por la unanimidad de las cancillerías europeas recoge que los Estados miembros adoptarán” las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él” las personalidades vinculadas el chavismo responsables de las violación a de los Derechos Humanos, un listado de 25 personas en el que aparece la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

A pesar de esto, Bruselas se niega a aclarar si la escala del avión de Rodríguez tras sobrevolar suelo español y su posterior desembarco en la zona internacional del aeropuerto – según la última versión del ministro de Fomento- puede considerarse territorio y/o transito. Los portavoces comunitarios aluden al margen interpretativo de las autoridades nacionales y eluden culpar a España de un incumplimiento de las sanciones europeas en línea con las declaraciones del alto representante de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell.

“No sé si se ha cometido una violación de las sanciones” ha asegurado el político español esta mañana al ser preguntado sobre esta cuestión en Berlín, tras una reunión con el ministro de Exteriores Heiko Mass- Borrell se limitó a repetir que son “las autoridades nacionales” las que “tienen que cumplir y velar por el cumplimento de las sanciones comunitarias” y alegó “ no tener información específica sobe este caso”. El mismo mensaje que Bruselas se afanó en reproducir una y otra vez el pasado viernes.

Las sanciones internacionales sólo pueden ponerse en marcha por la unanimidad de las cancillerías europeas. Paradójicamente, la legislación europea no contempla la apertura de procedimientos de infracción contra un Estado por su posible incumplimiento y es responsabilidad del Estado informar al resto de las capitales si se produce un suceso de este tipo. En el caso de esta decisión del año 2017, es el ministerio de Exteriores la autoridad española competente de verificar la puesta en marcha de estos castigos. Al no existir ningún mecanismo coercitivo sobre España, la Comisión Europea no se siente obligada tampoco a pedir información a nuestro país sobre lo sucedido.