2019: Del juicio al «procés» a Bárcenas

El proceso a los líderes soberanistas que se celebrará en el Supremo acaparará la atención mediática.

Es, sin duda, el juicio del año. Aún sin fecha de comienzo –previsiblemente la vista oral empezará a finales de mes o principios de febrero–, el proceso a los líderes independentistas catalanes no solo será el más importante en los más de 200 años de historia del Tribunal Supremo (TS), sino que por su indudable repercusión más allá de la sala de vistas determinará durante los próximos meses la agenda política. En el banquillo, el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras –que lleva 14 meses en prisión preventiva– y otros once acusados, todos, salvo la que fuera presidenta del Parlament Carme Forcadell y los dirigentes soberanistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ex consejeros de Puigdemont.

Precisamente el ex president, que lideró el proceso hacia la declaración unilateral de independencia, será el gran ausente del juicio. Fugado al igual que otros seis procesados, Puigdemont se encuentra en Bruselas en un limbo judicial desde que el juez Pablo Llarena, instructor de la causa, retirara por segunda vez la euroorden cursada contra él para conseguir su puesta a disposición de la justicia española. No obstante, el ex president seguirá a buen seguro con atención lo que suceda en el Tribunal Supremo, pues es consciente de que una condena por rebelión, o en su caso por sedición, de los principales impulsores del desafío soberanista, acarreará previsiblemente una tercera euroorden, apuntalada en ese supuesto en una sentencia condenatoria.

La espantada de Puigdemont deja como el principal acusado a Junqueras, para quien la Fiscalía pide una condena de 25 años de cárcel (que la acusación popular que ejerce Vox eleva a 74) como promotor de la rebelión que le imputa, un delito que está por ver si finalmente mantiene el Ministerio Público al final de la vista (si, como hasta ahora, defiende que existió violencia en el «procés» y de entidad suficiente para doblegar al Estado en beneficio de su objetivo independentista), cuando la Fiscalía tenga que elevar a definitivas sus calificaciones provisionales. Por ahora, la Abogacía del Estado ya ha rebajado el listón procesal, al acusar a los líderes soberanistas de sedición, y no de rebelión, un cambio de criterio que le costó el puesto al abogado del Estado adscrito a la causa, Edmundo Bal.

Tras la sesión de cuestiones previas del pasado diciembre, la vista comenzará en las próximas semanas con el interrogatorio a los acusados y puede prolongarse alrededor de dos meses. La sentencia tendrá que esperar, previsiblemente, hasta el próximo junio para no interferir en las elecciones de mayo.

TRAPERO, EN LA AUDIENCIA

Estrechamente ligado al juicio del Tribunal Supremo está el proceso al ex mayor de los Mossos d´Esquadra Josep Lluis Trapero, también por rebelión, y a otros ex responsables de la cúpula de la Policía autonómica (Pere Soler, César Puig y la intendente Teresa Laplana, aunque esta última afronta una acusación fiscal por sedición). El Ministerio Público pide para Trapero once años de prisión, a quien el teniente fiscal de la Audiencia Nacional Miguel Ángel Carballo y el fiscal Pedro Rubira consideran «pieza clave» en el objetivo de «llevar a cabo el plan secesionista» en Cataluña.

Para evitar una respuesta dispar al desafío soberanista, este juicio no se celebrará hasta que el Tribunal Supremo dé a conocer su sentencia en la causa del «procés». Y es que lo que suceda en esa vista condicionará el juicio de la Audiencia, que en todo caso sí se celebrará también este año.

Lo mismo sucederá con los seis procesados por el Supremo (la ex diputada de la CUP Mireia Boya y cinco ex miembros de la Mesa del Parlament que avalaron con sus votos la tramitación de las leyes de desconexión), que finalmente juzgará por desobediencia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

SALIDA A BOLSA DE BANKIA

El año judicial se inaugurará el próximo martes con un juicio de relevancia, el que se celebra en la Audiencia Nacional por la salida a bolsa de Bankia y que cuenta entre los 33 acusados con el ex vicepresidente del Gobierno, y ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, para quien la Fiscalía solicita cinco años de prisión por falsear supuestamente la información con la que la entidad bancaria salió a Bolsa para conseguir «a toda costa los fondos necesarios», según el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Para la Fiscalía, la salida a Bolsa de Bankia afectó a todo el sistema financiero y provocó el mayor rescate bancario en nuestro país hasta la fecha, con un desembolso por parte del Estado de más de 23.000 millones.

Tras las sesiones celebradas el pasado noviembre para que las defensas de los acusados plantearan sus cuestiones previas, la vista se reanudará el día 8 con las declaraciones de los procesados. Seis de ellos, incluido Rato, acudirán a la sede de la Audiencia Nacional desde prisión, donde cumplen condena por el uso fraudulento de las «tarjetas black».

ROSELL, POR BLANQUEO

Tras dos años en prisión, el ex presidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell irá a juicio en febrero por liderar supuestamente una trama que habría blanqueado casi 20 millones proveniente de los derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol y del contrato de patrocinio de Nike a la «canarinha». La Fiscalía pide para él once años de cárcel y una multa de 59 millones de euros.

PAPELES DE BÁRCENAS

El juicio por la «caja B» del PP tendrá que esperar. Tras ampliar la investigación hasta agosto de 2020, el juez De la Mata vio cómo la Sala de lo Penal reducía ese plazo hasta el próximo diciembre. Sí podrá celebrarse este año, sin embargo, el proceso por el pago con dinero negro de la reforma de la sede del PP.

«GÜRTEL», SUMA Y SIGUE

La Audiencia Nacional reanudará el martes el juicio por las adjudicaciones de AENA a la «trama Gürtel», que sienta en el banquillo, entre otros, al líder de la red corrupta, Francisco Correa. Cuatro meses más habrá que esperar para que comience la vista en la que se juzgarán otras adjudicaciones bajo sospecha: las del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera a las empresas de Correa.