10-N: Anonymous y Tsunami planean un ciberataque

Antisistema e independentistas quieren desestabilizar la jornada inutilizando los sistemas informáticos de las instituciones clave.

El Gobierno ha articulado, como hizo en los comicios de abril, a través de los órganos competentes de la Administración del Estado, las «barreras» necesarias para evitar que cibertaques de hackivistas o grupos organizados puedan poner en peligro el funcionamiento de instalaciones críticas y todo lo relacionado con el proceso electoral del 10-N. Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto (los aspectos fundamentales se mantienen en secreto para no dar facilidades a los «enemigos») ya se han producido algunos ataques, que se han quedado en intentos debido a que las referidas barreras han demostrado su efectividad. Uno de los objetivos del movimiento insurreccional (según reconocen los que lo promueven) en Cataluña es el de provocar el caos con efectos que desestabilicen a la sociedad. Las citadas instalaciones y, sobre todo, lo que rodea a los comicios, en especial el recuento de votos (encargado, como en algunas otras ocasiones, a la empresa INDRA) es un objetivo preferente. Resulta complicado detectar quiénes pueden ser los «actores» de los ataques ya que utilizan una serie de barreras.

Sin embargo, sí se sabe que Anonymous Catalunya y Tsunami Democratic forman «tamdem» para tratar de enturbiar el proceso en la medida de sus posibilidades. Los investigadores que, por orden de la Audiencia Nacional, tratan de identificar a la persona o personas que están detrás de Tsunami se han topado con algunas dificultades y la falta de colaboración empresas multinacionales afincadas en América del Norte, como, inexplicablemente, sucede con relativa frecuencia. La Guardia Civil, tras recibir la orden de la Audiencia Nacional, pidieron al juez competente un mandamiento para solicitar a la empresa GitHub (perteneciente a Microsoft) que impidiera a Tsunami su funcionamiento. Los investigadores habían detectado que utilizaban esta plataforma para la distribución de su APP.

Las diligencias están declaradas secretas, pero lo cierto es que Tsunami sigue operando desde el exterior y sigue accesible desde localizaciones fuera de España o desde mecanismos relativamente sencillos de navegación y sobre los que los promotores de Tunami han facilitado instrucciones a través de sus grupos de Telegram. Además, llamó poderosamente la atención que los propios responsables de GitHub hicieran público detalles del mandamiento judicial, promovido por la Benemérita, lo que sirvió para que se tratara de organizar un «escándalo mediático» con la pantalla de que era un ataque contra la libertad de expresión.

Resulta descorazonador la falta de sensibilidad de la compañía Microsoft y su filial GitHub con los problemas de defensa de los principios constitucionales en España, atropellados desde un nacionalismo excluyente, cuando no afectan directamente a los intereses nacionales del país donde reside su sede social. La petición estaba absolutamente justificada ya que los promotores de Tsunami publicitan estos accesos para descargar la aplicación desde GitHub y en Telegram. Estamos ante una investigación por delitos muy graves (por ello se ha solicitado una Comisión Rogatoria Internacional) que han conllevado que una organización haya incitado, promovido y coordinado las acciones de desórdenes públicos más graves y violentos de nuestra democracia en los últimos tiempos, como ha quedado acreditado en las diligencias presentadas por las Fuerzas de Seguridad.

Con estos precedentes, los responsables de la seguridad cibernética de España tienen que actuar con la peor de las hipótesis, ya que la voluntad de provocar el caos y, si pudieran, generar black out parciales en algunas zonas, para dejarlas absolutamente incomunicadas y sin los servicios esenciales, no cristaliza gracias a las barreras que coloca el Estado. Los que han diseñado el dispositivo de defensa de ciberataques durante el proceso del 10-N son conscientes de que es un objetivo «tentador» para quienes utilizan el ciberespacio con fines ilícitos de distinto tipo.

El Ministerio del Interior, que es el encargado de que el proceso electoral se desarrolle sin disfunciones, ha reforzado las alertas que tradicionalmente mantiene. El encargado de este cometido es el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC) y la Oficina de Coordinación Cibernética (OCC), ambos encuadrados en la Secretaría de Estado de Seguridad.

El Estado dispone de sofisticados sistemas de seguridad, mediante «barreras», «cortafuegos», etcétera, cuyo funcionamiento, para mantener su operatividad, permanecen en secreto.

Acción coordinada

España, según los expertos, se encuentra preparada para hacer frente a este tipo de ataques, no sólo por la acción del referido Centro, sino por el concurso de otros importantes actores de la Ciberseguridad nacional, como son el Centro Criptológico Nacional dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI-CCN) o del Instituto de Ciberseguridad de España (INCIBE), en ambos casos a través de sus centros de respuesta a incidentes de seguridad informática o CERTs (CCN-CERT y CERT_SI respectivamente), sin olvidar en la medida que fuera preciso al Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) y su ESP DEF CERT.

Todos ellos bajo la dirección del Departamento de Seguridad Nacional (DSN).