La concertada catalana arremete contra la privada por las "falsedades" contra su modelo de cuotas voluntarias

El último informe de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) contra la escuela concertada y las cuotas que "impone" a las familias, ha generado una contundente respuesta por parte de la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Catalunya (CCAEC), que agrupa a más de 180 centros educativos en Cataluña.

A través de un comunicado, la concertada catalana pone en entredicho varias de las afirmaciones del estudio y cuestiona la metodología y su metodología hasta el punto de considerarlo "sesgado y falto de rigor", con una muestra de 50 centros analizados en Cataluña, que considera representativa. Según la confederación, la selección de colegios ubicados en barrios con un alto nivel socioeconómico distorsiona los resultados y no refleja la realidad de la mayoría de los colegios concertados de la región.

En relación con el tema de las cuotas, la CCAEC recalca que cualquier incremento en las mismas se mantiene por debajo del índice de precios al consumo (IPC) y, en muchos casos, "no se aplica ningún aumento". Además, subrayan que la titularidad de los centros "no supone un elemento diferenciador, ya que todos los colegios concertados son gestionados por entidades sin ánimo de lucro".

La confederación también resalta que la enseñanza curricular, que incluye 5 horas lectivas diarias en Infantil y Primaria, y 6 horas en la ESO, es completamente gratuita para las familias, dado que está financiada por el concierto educativo. Sin embargo, el dinero que se recibe de la Administración para este fin solo el 65 % del coste real de la plaza escolar, según un estudio elaborado por la comisión económica del Síndic de Greuges en el marco del Pacto contra la Segregación Escolar.

La CCAEC denuncia la "infrafinanciación crónica" que afecta a la escuela concertada y que ha sido reconocida tanto en el Pacto contra la Segregación Escolar como en la Ley de Educación de Cataluña (LEC). Según el comunicado, varios consejeros de Educación también han admitido este déficit de financiación. De hecho, la confederación insta a la Generalitat a asumir el 35 % restante del coste de la plaza escolar para garantizar la gratuidad total de la enseñanza y asegurar el derecho de las familias a elegir el modelo educativo que prefieran.

Para compensar esta infrafinanciación, aseguran que los centros concertados recurren a "medios legales", como las aportaciones voluntarias de las familias. Así, desglosan estas aportaciones en dos partidas: una hora lectiva complementaria autorizada por la Conselleria, con un coste máximo de 80 euros mensuales, y los servicios escolares, que cubren el déficit del 35 % no financiado por el concierto. Estos servicios, que incluyen material escolar, gabinete psicopedagógico y otros, oscilan entre los 75 y 135 euros al mes. Además, recalcan que cualquier otro servicio opcional, como el transporte o la media pensión, no puede imputarse a la enseñanza curricular y, por tanto, no forma parte del concierto.

Finalmente, la CCAEC desmiente las "irregularidades" mencionadas en el estudio de CICAE, calificándolas de "falsas". La confederación asegura que no existe discriminación entre el alumnado ni falta de transparencia sobre las aportaciones de las familias, que son informadas desde el principio de su necesidad para la estabilidad financiera de los centros.

Con todo lo expuesto, la CCAEC concluye que el documento de CICAE busca, año tras año, "desprestigiar el modelo educativo concertado, que continúa siendo elegido por cientos de miles de familias en toda España debido a su calidad". En concreto, en Cataluña, este modelo escolariza a un tercio del alumnado.