Un presidente atado al separatismo

Difícilmente se puede gobernar bien un país con un Ejecutivo atado a unos aliados empeñados en hacer saltar sus costuras y un presidente que, conscientemente, ha roto todos los puentes con la oposición y, por ende, con la mitad de sus administrados. Pero no conviene engañarse sobre el futuro. Pedro Sánchez ha demostrado con los hechos que su voluntad de permanencia en el poder es inquebrantable y tratará por todos los medios de agotar la legislatura, aferrado a su única baza frente a los independentistas vascos y catalanes, para los que un cambio de signo político en La Moncloa supondría un mal mucho peor que los previsibles incumplimientos de parte de los acuerdos firmados con el líder socialista. Si la proposición de ley de amnistía ha soliviantado a buena parte de la opinión pública española, a la Magistratura y a los principales sectores empresariales, con eco en la propia Eurocámara, cualquier paso que conduzca al reconocimiento de iure del derecho de autodeterminación, se sustancie o no, no sólo hallará la mayor las resistencias, sino que tropezará con el obstáculo de una Constitución que en este aspecto es absolutamente diáfana y no admite interpretaciones.

Hablamos, por cierto, de esa misma Constitución sobre la que se sustenta la Transición democrática que, ayer, Bildu exigió eliminar, una vez que sus ancestros no lograron el objetivo por medio del terror. Debemos admitir que el líder socialista ha conseguido reducir el Parlamento a mera caja de resonancia del Gobierno, que ha debilitado el tejido institucional, situando a personas estrechamente vinculadas al Ejecutivo al frente de los principales organismos del Estado, y que ha inclinado claramente a su favor la mayoría del Tribunal Constitucional, pero la fortaleza del estado democrático aún dispone de los instrumentos suficientes para defenderse.

Coincidimos con Alberto Núñez Feijóo en que lo hecho por Pedro Sánchez es una grave equivocación de la que el líder socialista tendrá, tarde o temprano, que responsabilizarse, pero hasta que sus efectos políticos, económicos y sociales se dejen sentir en toda su gravedad y provoquen la inevitable reacción de la ciudadanía, pasará un tiempo de confusión en el que la sociedad española será, previsiblemente, objeto de un bombardeo de propaganda de saturación con el doble objetivo de deslegitimar a unas derechas fantasmales, epígono de todos los males de España, y presentar la acción de gobierno como una batalla entre el pueblo desfavorecido y unas élites empresariales codiciosas e insolidarias.

Al menos, la difusión de ese imaginario ha estado en el eje de todas las intervenciones de Pedro Sánchez en el plenario de su investidura, incluso, llegando a la tergiversación más grosera del proceso independentista catalán, que se endosa a una supuesta estrategia maquiavélica del Partido Popular para ocultar sus casos de corrupción y los recortes sociales. La invención, dicha sin que se le moviera una ceja por el presidente del Gobierno, es delirante, pero tiene todos los ingredientes de la demagogia y el maniqueísmo para hacerla pasar como moneda de curso legal.

En realidad, si Pedro Sánchez se dispone a gobernar contra media España es porque no tiene otro remedio. Y si se ha atado a unas formaciones nacionalistas que tienen agendas propias es porque no le cabía otra opción para consumar su ambición de poder. A Núñez Feijóo le aguarda una de las labores más ingratas que le pueden tocar a un político, como es ejercer la oposición contra un gobierno que actúa como «oposición de la oposición» y que recurre a la criminalización política de todos aquellos que no comulgan con sus decisiones, por más cambiantes que estas sean. Pero el Partido Popular tiene, como el Estado, suficientes fortalezas para dar una batalla que se antoja decisiva para España.