Le ha faltado tiempo al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para pedir perdón a las víctimas del terrorismo por el incalificable descuido de su representación parlamentaria a cuenta de la derogación de la disposición adicional a la Ley Orgánica de 2014, sobre intercambio de información de antecedentes penales en el marco de la Unión Europea, que supondrá la puesta en libertad anticipada de 44 terroristas de Eta, entre los que se encuentran algunos de los peores asesinos en serie de la banda.

Pero, en política, no basta con pedir perdón. Un error de tal calibre, que toca la fibra más sensible de la sociedad española, exige la asunción de responsabilidades, es decir, la puesta del cargo a disposición del partido, de quienes fueron incapaces de detectar en el proyecto de transposición de una directiva europea la trampa saducea del Gobierno de Pedro Sánchez. No queremos señalar nombres, pero los representantes populares en la Comisión de Justicia del Congreso tienen mucho que explicar a la opinión pública, más aún si resulta cierto que se limitaron a rubricar la proposición de manera mecánica, sin haberla leído.

Vaya por delante, que si pedimos una respuesta contundente al Partido Popular es porque consideramos que se trata de una formación política comprometida con sus electores, con sentido de Estado y que antepone el interés común al propio, tres condiciones que, desafortunadamente, no hallamos en el actual Partido Socialista, cuya única vocación política parece ser la permanencia de su secretario general al frente del Gobierno, sin que importe las promesas que haya que romper. Porque la reforma legal que va a aprobarse por la puerta trasera, es decir, gracias a una triquiñuela impresentable, ya fue objeto de discusión en 2022, cuando se garantizó desde el Ejecutivo a las víctimas del terrorismo que tal cesión no entraba en acuerdos con Bildu, entre otras razones, porque la legislación española sobre el cumplimiento de penas de los asesinos etarras había sido refrendada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Pero a medida que se le complicaba la legislatura a Pedro Sánchez –con el partido de Carles Puigdemont retratando su minoría parlamentaria sesión tras sesión–, ganaba fuerza el resto de los socios de la investidura, con los proetarras de Otegui convertidos en vanguardia del sanchismo. Por supuesto, con el precio tasado de la puesta en libertad de los presos de la banda.

Ahora, la propaganda gubernamental podrá extender la especie de que el Gobierno se ha limitado a transponer una directiva europea y, además, con el apoyo unánime de la oposición, pero la realidad es que estamos ante una victoria más de Bildu en el ámbito que más le importa. En estas circunstancias, pedir al PSOE que rectifique o se avenga a negociar la retirada del proyecto de ley es impropio de un partido que se enfrenta al sanchismo.