Ante Su Majestad el Rey y en presencia de las principales autoridades del Estado, Pedro Sánchez prometió su cargo de presidente del Gobierno con la fórmula que compromete a todos los servidores públicos y que, textualmente, le emplaza, por su conciencia y honor, a «cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras».

Sería un grave atrevimiento por nuestra parte poner en duda la voluntad del inquilino de La Moncloa a la hora de hacer honor a su compromiso, pero sí debemos señalar que el presidente del Gobierno está abocado a gestionar una legislatura que no se presenta, precisamente, con los mejores augurios a poco que tenga que «hacer guardar la Constitución» a unos socios de investidura que pretenden, y así lo han declarado paladinamente, desvirtuar por todas las vías a su alcance, metódicamente, la piedra angular de nuestro Estado democrático que en su artículo 2 proclama que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas».

Podemos hacer todas las salvedades y consideraciones que se quiera, pero la realidad, anclada férreamente en la experiencia, es que la inmensa mayoría de las demandas y exigencias de las formaciones nacionalistas, tomen la forma que tomen, van dirigidas al principal objetivo de minimizar al máximo posible el poder de las Instituciones del Estado en los territorios que consideran «propios», romper desde la acción cultural y la enseñanza los vínculos afectivos entre los españoles y garantizarse los mayores medios económicos procedentes de la Hacienda común para financiar el proceso de ruptura.

De ahí, que se presente hercúlea la tarea de hacer guardar la Constitución a unos individuos, como los nacionalistas catalanes, que pasaron por encima de su condición de servidores públicos del Estado, como miembros de un gobierno autonómico, para golpear la misma Carta Magna que se habían comprometido a guardar y hacer guardar. En este sentido, la concesión o no de la amnistía que, al parecer, es sólo el primer pago a quienes han llevado a Sánchez al poder, significa mucho más que la reinterpretación partidista de un artículo constitucional, puesto que abre un portillo sobre el ordenamiento jurídico de la democracia de temibles consecuencias. Insistimos en que no dudamos de la voluntad del presidente, pero hemos de reconocer que, a día de hoy, su incuestionable ambición de poder se encuentra a merced de los enemigos de España.