El compromiso en la defensa de la sanidad pública, uno de los mantras de la izquierda omnipresente en el debate político, no es, precisamente, uno de los puntos fuertes de la gestión gubernamental, al menos, con los datos que proporcionan fuentes europeas independientes, a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, que dibujan con la minuciosidad del cirujano el paulatino deterioro de un sistema de salud que fue puntero en el mundo.

Hablamos de un problema con una enorme trascendencia social y política, porque afecta a los españoles más débiles, aquellos que se encuentran postrados por una enfermedad mortal, a quienes se niega el acceso a nuevos medicamentos punteros, probados y aprobados por todas las agencias de evaluación, por meras razones presupuestarias. Y, en este caso, no vale repartir la responsabilidad entre la multiplicidad de actores autonómicos que gestionan nuestra sanidad, porque se trata de una competencia exclusiva del Gobierno.

Causaría asombro, si no estuviéramos saturados de propaganda oficialista, cómo los equipos que asisten al inquilino de La Moncloa se exceden a la hora de cantar las loas de una gestión que, una vez más, hace agua en los puntos más sensibles del Estado del bienestar. Porque no es de recibo que un paciente de cáncer, de esclerosis múltiple o afectado por una grave depresión tenga que esperar hasta 906 días para que la Administración dé luz verde a un nuevo específico y éste se incluya en el catálogo de medicamentos de nuestro sistema hospitalario y asistencial. Es el caso, por ejemplo, de un producto de última generación indicado para tratar el cáncer de mama en estado inicial.

Pero hay mucho más. Hoy, la espera media para la incorporación de un nuevo tratamiento es de 620 días y sólo el 58 por ciento de los medicamentos disponibles en el mercado farmacéutico europeo se dispensan en España, frente al 92 por ciento de disponibilidad de Alemania o el 79 por ciento, de Italia. Parece legítimo preguntarse si el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es consciente de que desde su llegada al poder tras la moción de censura de 2018, el tiempo medio de espera se ha incrementado en 235 días, a un ritmo sólo un poco inferior al que lo han hecho las listas de espera hospitalarias.

Y, también, cabe preguntarse qué ha sido de esos Presupuestos tan socialmente expansivos, pero que no son capaces de proporcionar los mejores cuidados posibles a nuestros enfermos. Y ello, cuando los ingresos del Estado, vía impuestos, han sido los más altos de toda nuestra historia. Podrá el Gobierno tirar de la habitual demagogia sobre el afán crematístico de la industria farmacéutica, pero sin las enormes inversiones en investigación de los laboratorios, todavía estaría el mundo bajo el flagelo del Covid. Si no, siempre queda a la izquierda el comodín de Ayuso.