La deriva progresista del Constitucional

En la entrevista que ha concedido a LA RAZÓN José María Macías, eximio jurista y nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, se plantea la cuestión medular de hasta qué punto puede el citado órgano culminar la organización judicial superior, que, en todos los órdenes, el artículo 123 de la Constitución atribuye al Tribunal Supremo. Desde la prudencia de quien conoce profundamente la técnica jurídica y, por lo tanto, el amplio campo abierto a la interpretación de las leyes, Macías señala la evidencia de que la designación de los miembros del Tribunal Constitucional responde a una facultad estrictamente política que pone en sus manos el poder de dejar sin efecto las decisiones no sólo del Gobierno y del Parlamento, sino, también, de los tribunales de justicia, lo que aconseja un exquisito cuidado con los límites que separan a los tres poderes del Estado.

Esa percepción, la de una extralimitación de las funciones del Constitucional por razones de adscripción partidista de sus magistrados es, precisamente, lo que sobrevuela en la opinión pública española, creando una creciente desconfianza sobre la imparcialidad de la Justicia, así, en general. Y no es posible desvincular esa percepción, que mina los fundamentos democráticos, de la acción política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de sus socios de la extrema izquierda, que utilizando los instrumentos legítimos que les otorgaba el ordenamiento jurídico pusieron especial empeño en conformar un tribunal de garantías mayoritariamente afín a sus posiciones ideológicas y, al mismo tiempo, impedir con una más que dudosa interpretación de la leyes vigentes que un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se consideraba inclinado a las derechas desde el Poder Ejecutivo pudiera hacer nombramientos de jueces y magistrados para las plazas que iban quedando vacantes en la judicatura.

Y, en efecto, las previsiones de Sánchez se han ido cumpliendo con exactitud pasmosa. La mayoría progresista del TC, en la que se integran magistrados con fuertes vinculaciones con el partido socialista, comenzando por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, ha ido respaldando las cuestiones que interesaban al Gobierno de izquierdas con la pasmosa rutina del «7 a 4», en un remedo de actuación de una bancada parlamentaria.

El último caso, el de los ERES de Andalucía, es sintomático de la deriva progresista del Constitucional y ejemplo de cómo entiende el sanchismo ese cuidado a la hora de respetar los límites entre los poderes del Estado. Se ha puesto en solfa, por el consolidado «7 a 4», parte de las sentencias de dos altos tribunales, y no se ha ido a más porque la ley es taxativa a la hora de tratar los «hechos probados» de una sentencia. Y este mismo tribunal politizado por la izquierda es el que debe tratar la constitucionalidad de la amnistía. ¿Será un 7 a 5?