Dos jueces de partido para el Constitucional

La elección de dos juristas estrechamente vinculados con el actual Gobierno como miembros del Tribunal Constitucional asegura, sin duda, una mayoría «progresista» para el alto tribunal de garantías, pero, al mismo tiempo, supone una pérdida grave de la autoritas en una institución clave en nuestro ordenamiento jurídico ante una opinión pública que contempla atónita el asalto socialista al Poder Judicial.

Porque no hablamos de dos personas, Juan Carlos Campo y Laura Díez, con determinadas inclinaciones o sensibilidades ideológicas, lo que sería aceptable, sino de dos antiguos cargos socialistas con una larga trayectoria al servicio de las políticas del PSOE, hasta el punto de que el primero fue diputado en Cortes por el partido y, la segunda, ha trabajado desde 2018 a las órdenes directas de la Presidencia del Gobierno. Y, por supuesto, han sido colaboradores leales y artífices delegados de algunas de las decisiones más controvertidas, por interesadas y sectarias, impuestas desde La Moncloa al Poder Judicial. Nos referimos a los indultos concedidos a los condenados por la intentona separatista en Cataluña, en contra del criterio del Tribunal Supremo, y a la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, que maniataba al Consejo de gobierno de los jueces para llevar a cabo nombramientos mientras estuviera en funciones.

Medidas con intención inequívocamente partidista y, además, que contravienen las directrices de la Comisión Europea, enmarcadas en la Convención de Venecia, que buscan mayores garantías de independencia para los sistemas judiciales de los distintos países miembros. Exactamente, lo contrario de lo que está impulsando el actual Ejecutivo español, por supuesto, consciente de que con estos nombramientos abre una crisis institucional grave, por cuanto tiñe de frentismo cualquier decisión que tome el alto tribunal. Y no se trata de caer en angelismos y considerar que en los nuevos magistrados prevalecerá el criterio profesional sobre la lealtad de partido, porque, desde la propia experiencia, hemos visto cómo se retrasaban los dictámenes y la admisión a trámite de los recursos al Constitucional, sin ir más lejos, los presentados por el Partido Popular y Vox contra la norma que maniata al CGPJ, en manos de dos ponentes de talante «progresista».

Si la Justicia española ya presentaba los desajustes propios del exceso de intervencionismo de los ejecutivos de turno en la conformación de los órganos de gobierno y del TC, lo que está sucediendo, un asalto gubernamental en toda regla, en el que no se ahorran términos deslegitimadores de las decisiones de los jueces, terminará por minar la confianza de los ciudadanos en su sistema judicial, con las inevitables consecuencias sociales. Sin olvidar que desde las instituciones europeas se observa con creciente preocupación unas prácticas que recuerdan estrechamente a lo sucedido en Polonia o Hungría.