Escocia, frente a la legalidad británica

No parece que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte pueda ser considerado una democracia «imperfecta», «de baja calidad» o «debeladora de las libertades» cuando su gobierno rechaza la celebración de un nuevo referéndum de independencia de Escocia apoyándose en las leyes vigentes y en la preeminencia del Parlamento de Westminster, sede de la soberanía nacional, sobre las cámaras regionales.

Es, exactamente, lo que reafirmó ayer el Tribunal Supremo británico, al negar la legitimidad del Parlamento escocés de Holyrood para convocar un plebiscito sin el acuerdo previo con el ejecutivo central y el refrendo por mayoría cualificada de la Cámara de los Comunes. Recalcan los jueces, por unanimidad del tribunal, que el referéndum celebrado en 2014, en el que la opción independentista fue derrotada por más de diez puntos porcentuales, se pudo celebrar gracias a la «transferencia temporal de poderes» impulsada por el gobierno conservador de David Cameron, situación que no se da en la actualidad.

O, dicho de otra forma, se advierte al ejecutivo nacionalista de Escocia, que preside Nicola Sturgeon, de los nulos efectos de la Ley de Referéndum aprobada por el Parlamento escocés y, por lo tanto, anula la convocatoria de la consulta fijada para el 19 de octubre de 2023. No se trata de entrar ahora en las razones que aducen ambas partes para reclamar o rechazar la pretensión nacionalista, entre otras cuestiones, porque la experiencia de otros casos de igual naturaleza, notablemente la de Canadá con Quebec, dicta que los independentistas, cuando pierden en las urnas, siempre buscan repetir el proceso, con la voluntad declarada de que sólo su triunfo pondrá fin definitivo a la discusión.

Sin embargo, sí parece oportuno destacar que el gobierno escocés no ha incurrido en el desatino de deslegitimar a la Justicia británica ni, mucho menos, de acusar a los jueces de actuar contra los principios democráticos, las libertades ciudadanas y el derecho a las urnas. Todo lo más, como era de esperar, Nicola Sturgeon ha lamentado la decisión del Tribunal Supremo y se dispone a convertir las próximas elecciones regionales en un proceso plebiscitario que, a la postre, tampoco cambiará el fondo del problema, puesto que los nacionalistas ya suman una mayoría absoluta.

La razón estriba en que el gobierno de Londres ha considerado que los resultados del referéndum de 2014, que acabó por convertirse en una pesadilla para el partido conservador que lo había autorizado, daban por zanjado el asunto, al menos, para una generación. Es decir, para cuando transcurra un cuarto de siglo. Pero, con toda seguridad, no habrá que esperar tanto tiempo para que los separatistas escoceses vuelvan a la carga. Eso sí, esperemos que sin descalificar ante el mundo a una de las pocas democracias plenas, como también es la española.