Las víctimas no se merecen este Gobierno

El testimonio de Borja Giménez Larraz que publicamos en LA RAZÓN es uno de esos que incomoda e ignora la izquierda gobernante y sus aliados de Frankenstein. Su padre, el senador y presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad, fue asesinado por ETA en su presencia y es uno de los 379 crímenes de la banda terrorista sin resolver, aunque después de un ímprobo esfuerzo los dos presuntos asesinos han sido al fin procesados antes de que el atentado haya prescrito. Es sintomático sobre la España de hoy que ese funesto agujero negro de impunidad que representan las 379 víctimas sin justicia ni reparación haya conmovido más a las autoridades comunitarias, que enviaron una comisión oficial al respecto, que a las españolas. Borja Giménez Larraz es la voz de un colectivo herido y maltratado en medio de una operación orquestada por la mayoría gubernamental, de izquierda y separatista, de blanqueamiento de la historia etarra y de encumbramiento del brazo político de los asesinos a la categoría de interlocutor privilegiado en la dirección del Estado. Es algo que desde todos los dominantes resortes en manos del poder político se pretende naturalizar, pero que no ocurriría en ninguna democracia del mundo que se tenga por tal. Hay que proclamarlo con rotundidad, las víctimas tienen sobradas e incontestables razones para sentirse no ya olvidadas, sino sobre todo traicionadas y estafadas. Conviene repetir para que el tránsito del tiempo no lo borre ni lo difumine que el ministro Grande-Marlaska, que tantos méritos ha acumulado para ser destituido, engañó a la cara a estos ciudadanos de bien cuando prometió que no acercaría a las prisiones del País Vasco a un terrorista con delitos de sangre. Hoy, todos están allí bajo la colaboradora autoridad del PNV y muchos de ellos ya pasean libres. Es casi imposible recordar una conducta pública más censurable. Sánchez y los suyos han ejecutado una suerte de lo que en la antigua Roma se conocía como la «condena de la memoria» de las víctimas, hasta erradicarlas de la España institucional y política en manos de la izquierda. En el país del PSOE y de Unidas Podemos la memoria es por encima de todo sectaria. La escasa talla de esos responsables públicos contrasta con la estatura moral de este grupo de compatriotas que, como ha recordado bien Consuelo Ordóñez, «han sido y son el mejor ejemplo de convivencia democrática, desde el momento en que no respondimos a la violencia con violencia». Es imperativo recuperar el espacio y el tiempo perdidos con autoridades que en su momento dignifiquen tal condición, de redoblar esfuerzos para que la barbarie de ETA, su carácter genocida y su instinto totalitario, sean repudiados y perseguidos y sus enaltecedores señalados y procesados. Una nación íntegra y honorable no puede ser la de Bildu en La Moncloa, la de Otegi, hombre de paz, sino la que se guíe por la memoria, la dignidad y la justicia para los héroes, que reniegue de la equidistancia y repudie a los verdugos hasta el final.