No es posible ocultar que tras la indignada reacción de Unidas Podemos ante la devolución a las autoridades marroquíes de los menores que entraron en Ceuta en la gran avalancha del pasado mes de mayo existe, apenas disimulado, un prejuicio hacia la naturaleza política del régimen de Rabat, retratado por buena parte de la izquierda española como una especie de Estado fallido, incapaz de hacerse cargo y atender a sus propios niños y adolescentes. De ahí, que no sea posible explicar desde la racionalidad la reacción de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, líder de la formación morada que, no lo olvidemos, forma parte del Gobierno, ante la puesta en marcha por su compañero de Gabinete, Fernando Grande-Marlaska, de uno de los procedimientos de repatriación contemplados por los acuerdos bilaterales migratorios, firmados por los gobiernos de España y Marruecos en 2007, que, entre otras cuestiones, establecen que la repatriación de los menores no acompañados que se encuentren irregularmente en España será exclusivamente a efectos de la reagrupación familiar o de la tutela efectiva de las correspondientes instituciones marroquíes.

Es lo que se está haciendo, aliviando una dura carga económica y social que había recaído sobre Ceuta, y es lo que, con toda seguridad, concluirán por establecer la investigaciones abiertas por la Fiscalía y la oficina del Defensor del Pueblo. Es, por otra parte, reflejo de la recomposición de nuestras relaciones con el reino alauí, que viene impulsando con acierto el nuevo titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, un objetivo inaplazable para los intereses generales de España.

La cuestión, sin embargo, se presta a algunas reflexiones de carácter político, puesto que no cabe duda de que el acierto de la iniciativa de Grande-Marlaska supone, al mismo tiempo, un monumento a la incoherencia de un partido tan doctrinario y maniqueo como se está revelando el actual PSOE. Porque esta estrategia de repatriación, con garantías, de menores no acompañados, propugnada desde la UE y enérgicamente reclamada estos meses por formaciones como VOX, encontraba las más enconadas críticas por parte de los portavoces socialistas cuando se encontraban en la oposición y cualquier movimiento en ese sentido por parte de los gobiernos populares era recibido como si se tratara de un atentado incalificable contra el derecho de gentes. Incoherencia, como tantas otras, destapada por la cruda realidad.