Podría decirse que más que a una crisis de Gobierno la opinión pública ha asistido a una maniobra política de gran alcance, cuyos efectos prácticos se verán en el tiempo y que parte en dos hitos la actual legislatura. Porque Pedro Sánchez ha procedido con la frialdad del cirujano a la destitución de algunos de quienes fueron sus más cercanos compañeros en la aventura de su consolidación del poder interno en el PSOE y de su posterior llegada a La Moncloa. No se lleva a cabo una operación de derribo como la de ayer, si no existe una definida estrategia de cambio ni se opera simultáneamente sobre los dos ámbitos de poder institucional, el propio Ejecutivo y el seno del partido que lo sustenta, sin que existan poderosas razones para ello. Así, podemos asegurar, sin demasiado espacio para el error, que Pedro Sánchez tiene ahora nuevas bazas para encarar los treinta meses que faltan para las próximas elecciones generales con algunas garantías más de éxito, entre otras cuestiones, porque ha conformado un Consejo de Ministros más equilibrado territorialmente, que amortiguará las críticas de un sector del partido socialista muy tocado por la crisis de Cataluña y los indultos, y con varias figuras jóvenes, pero experimentadas en la política más directa, la que primero ve el ciudadano, como es la municipal.

Incorporaciones, además, que vienen sin el lastre que siempre deja el enfrentamiento sectario, más pesado, cuanto más agria es la pugna maniquea con la oposición. Con esto último, no queremos decir que los salientes fueran políticos especialmente radicales, pero sí que han sufrido el desgaste de una época bronca y difícil como la que nos ha tocado vivir bajo la sombra de la pandemia. De ahí, que no debería el Partido Popular despachar unos cambios gubernamentales que son de calado desde el recurso al lugar común, aunque sólo sea porque puede traer un nuevo enfoque, más adaptado al tiempo postpandémico que se avecina. Pero, si, al final, se consolida este oportuno y, en cierto modo, obligado volantazo hacia posiciones más realistas y mejor adaptadas a la batalla por la recuperación, cabría preguntarse por qué Sánchez ha limitado la renovación al ala socialista del Gobierno de coalición, manteniendo sin cambios a los cinco ministros de Unidas Podemos, algunos de los cuales, como Irene Montero, cosechan las peores notas en la estimación de la opinión pública.

Sin embargo, la respuesta es sabida: a día de hoy, no existe un factor de poder interno en la coalición de extrema izquierda que tenga un liderazgo con la suficiente autoridad como para negociar un reequilibrio en su parte del Gabinete. Tan sólo, la figura emergente de la ministra de Trabajo y, ahora, vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, mantiene cierta ascendencia sobre el conglomerado de partidos que en su día lideró de facto Pablo Iglesias. No cabe duda de que se trata de pagar un peaje a la tranquilidad interna del Gabinete, pero, al mismo tiempo, si como se desprende del nuevo organigrama ministerial, con Nadia Calviño como vicepresidenta primera, el eje de la acción gubernamental se encamina, de la mano de los fondos europeos, –sujetos, no lo olvidemos a las condiciones de Bruselas–, hacia la recuperación económica y social, y hacia un reequilibrio de la financiación autonómica, no parece que vaya a ser muy determinante la influencia de los ministerios cedidos a Unidas Podemos, salvo el de Trabajo, cuya titular mantiene mayor sintonía, como ya hemos señalado, con el ala socialista del Gabinete.

Hasta aquí, la lectura de una crisis mayor y mucho más compleja de lo que podía preverse, lo que no significa, ni mucho menos, que pueda darse por seguro que tenga los efectos esperados por su diseñador. Porque, sin prejuzgar la valía de los nuevos cargos, la superación de la situación económica creada por la pandemia deja muy poco campo a la heterodoxia fiscal, al desequilibrio de los ingresos del Estado, a la experimentación en el mercado laboral y a los ensayos en el modelo productivo. Queremos creer que los cambios van en la dirección correcta. Pero habrá que verlo.