Editorial
La democracia española no perecerá
Cuatro décadas después del golpe del 23-F vuelven a resurgir fuerzas liberticidas
Hace cuarenta años, la democracia española, que apenas había comenzado su andadura y que afrontaba una crisis política compleja, tanto que había desembocado en la dimisión del presidente del Gobierno, se vio zarandeada peligrosamente por la acción de un grupo de militares, que, con un solo golpe de mano, consiguieron secuestrar en la propia sede parlamentaria a los representantes de la soberanía nacional y a los miembros del Ejecutivo en pleno. Pero si nuestra democracia era joven, si adolecía de la experiencia de un régimen consolidado, a lo largo de aquel lustro vertiginoso que conocemos por la Transición, una epopeya insólita en nuestra historia, había conseguido levantar un entramado institucional, sólidamente cimentado en la voluntad popular y en una clase política comprometida con las aspiraciones de libertad y convivencia pacífica de los españoles. Las bases estaban asentadas, desde la Corona, que era su impulsor, hasta el último representante municipal y fue suficiente la firmeza del Jefe del Estado, que consiguió ahormar en torno a la Institución un Gobierno de emergencia legítimo, capaz de tomar decisiones y hacerlas obedecer.
No fue sencilla ni exenta de riesgos la labor de Don Juan Carlos, y sólo quienes vivieron aquellas jornadas desde el uso de razón guardan en su interior la exacta imagen de gallardía y firmeza de un Rey garantizando que la democracia no perecería otra vez en la nación española. Cuatro décadas después, vuelven a surgir fuerzas antidemocráticas en nuestro país. Políticos y organizaciones que, despreciando, como los golpistas del 23-F, la voluntad mayoritaria de los españoles, rechazan el modelo constitucional y pretenden derribar por la vía de los hechos consumados las instituciones que mejor encarnan, comenzando por la Corona, el régimen de libertades surgido de la Transición. Nunca hay nada de gratuito en los ataques a la democracia, en la perversión del lenguaje por parte de los demagogos y en las campañas de descrédito del periodismo, la judicatura o las fuerzas del orden.
Menos, si estas se producen desde el seno del propio Gobierno y por representantes políticos que ponen en duda la calidad de nuestra democracia, únicamente, porque carecen de apoyo popular para llevar a cabo sus designios por la vías legales. Son los mismos que no tienen el menor empacho a la hora de manipular los hechos y aprovechar torticeramente las dificultades, graves, sin duda, que atraviesa nuestro país. Pero no. España es una democracia ya consolidada, con un entramado institucional fuerte y, sobre todo, sostenida por la voluntad de su pueblo. Como en 1981, por más griterío y violencia que se desate, nuestro sistema de libertades no perecerá porque los españoles están dispuestos a defenderlo.
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