El Consejo de Agricultura de los Veintisiete ha terminado este lunes con un resultado agridulce tanto para las capitales europeas como para los agricultores que han colapsado con sus tractores el barrio que alberga las instituciones europeas y han obligado a la policía a utilizar gases lacrimógenos y tanques de agua para dispersar las protestas.

Los ministros de Agricultura han analizado la batería de propuestas presentada el pasado jueves por la Comisión Europea para reducir la carga administrativa que soportan los agricultores europeos, como condición poder acceder a las ayudas comunitarias a cambio de respetar las practicas medioambientales. Aunque los países europeos consideran que esta propuesta va en la buena dirección, también creen que no es suficiente, tal y como ha explicado el ministro belga de Agricultura, David Clarinval, país que este semestre ostenta la presidencia rotatoria.

A su llegada a la reunión, el titular español, Luis Planas ha pedido a la Comisión Europea que “acelere” algunas propuestas para poder llegar a un acuerdo antes de que termine esta legislatura que finalizará con las elecciones europeas del mes de junio. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha apoyado una revisión de la PAC sobre las condiciones medio ambientales y ha asegurado que esto sería “teóricamente posible lograrlo durante este mandato legislativo si reaccionamos rápidamente”.

Entre estas medidas presentadas la semana pasada por la Comisión Europea está incluida la reducción en un 50% de las inspecciones que deben afrontar los agricultores por parte de las administraciones nacionales y sustituir estas visitas presenciales a sus explotaciones por mejoras en el sistema de vigilancia por satélite europeo Copernicus. Según la delegación española, la inclusión de los pequeños agricultores consigue beneficiar en nuestro país a unos 345.000 propietarios que suponen el 55% de los beneficiados por la Política Agrícola Común.

Según fuentes del ministerio, el documento presentado por el Ejecutivo comunitario recoge buena parte de las demandas españolas entre las que se encuentran, además la cobertura mínima de suelo en los períodos más sensibles; la rotación en tierras de cultivo excepto en cultivos bajo agua, el porcentaje mínimo de la superficie agrícola dedicada a superficies o elementos no productivos incluido el barbecho, el mantenimiento de los elementos del paisaje. y la prohibición de cortar setos y árboles durante la época de reproducción y cría de aves. Según fuentes del ministerio, “seguiremos trabajando para que se concreten rápidamente estas propuestas”.

Una de las reivindicaciones de los agricultores reside en que los productos provenientes de países fuera del bloque comunitario tengan que respetar las mismas normas medioambientales y fitosanitarias que los que se producen dentro de las fronteras europeas, ya que consideran que esta doble vara de medir está ocasionando competencia desleal. Por eso, el sector agrícola europeo pide que en los tratados comerciales se negocien “cláusulas espejo” para que las importaciones de terceros países deban afrontar las mismas condiciones que los productos europeos.

Aunque fuentes comunitarias y el propio ministro han asegurado que una propuesta de estas características puede dilatarse años, Planas se ha mostrado “muy optimista”. Si bien ha aclarado que esto no significa “cerrar las fronteras” a productos de países terceros sí que considera que es posible mejorar los controles y que “una causa justa” como ésta podrá acabar saliendo victoriosa con “paciencia y persistencia”.