Los asfixiantes precios del alquiler y la falta de una alternativa habitacional asequible empujan a miles de familias hacia el impago. Convertidos en inquiokupas, acaban envueltos en un desahucio. En el segundo trimestre del año, tres de cada cuatro desahucios (74,8%) se debieron a impagos de alquiler, hasta situarse en 5.874 procedimientos, según los datos publicados este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre abril y junio el número total de lanzamientos aumentó un 7,8% respecto al mismo periodo de 2023, hasta 7.850.

Este incremento de los desahucios por alquiler coincidió con el aniversario de la Ley de Vivienda –entró en vigor el 26 de mayo de 2023–, una normativa que precisamente tenía como objetivo frenar la incesante escalada del precio de los arrendamientos al topar el precio de las renovaciones de los alquileres y permite limitar la subida de los nuevos contratos mediante la declaración de zonas tensionadas -solo vigentes en Cataluña y con intención de activarlas en País Vasco-. Sin embargo, ha provocado la huida de miles de propietarios a modalidades de alquiler exentas de esta regulación, como el temporal, de habitaciones o turístico, dejando la oferta de alquiler habitual en mínimos y disparando los precios a máximos.

De los desahucios restantes que no se debieron a un impago del alquiler, 1.469, el 18,7 % del total, se derivó de ejecuciones hipotecarias, un 1,9% menos que hace un año, y los 507 restantes obedecieron a otras causas, con un incremento del 6,5%. Cataluña, con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional, fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunidad Valenciana, con 1.006 y fuera del podio se sitúa la Comunidad Madrid, con 831.

Si nos fijamos sólo los desahucios por impago de alquiler,Cataluña repite como la comunidad con mayor cifra de estos procedimientos 1.577, el 26,8 % del total; seguida por Andalucía, con 765; la Comunidad de Madrid, con 730; y la Comunidad Valenciana, con 705. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunidad Valenciana, 253 y en Murcia, 129.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos. Una vez que el juez emite la orden de desalojo, la ejecución del lanzamiento es gestionada por los servicios comunes de notificaciones y embargos del sistema judicial. Estos servicios se encargan de coordinar con las fuerzas del orden, notificar a las partes y proceder con el desalojo

El número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2024 fue de 13.926, un 3% más que en mismo periodo de 2023; de ellos, 7.031 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 12,5%.