La letra pequeña del paquete de ayudas de 10.600 millones revela que el 47% de esta cuantía, hasta 5.000 millones de euros, son créditos avalados por el Estado a través del ICO. Mediante esta línea, ciudadanos y empresas podrán adelantar la percepción de las indemnizaciones que deba abonar el Consorcio de Compensación de Seguros, pero deberán devolver las cantidades percibidas con un interés que oscila entre el 5% y el 6,7%.

El Gobierno reedita así la polémica línea de avales puesta en marcha durante la pandemia, que ha dejado un reguero de litigios y un sinfín de problemas para las empresas que los solicitaron, con una morosidad que supera el 3,5% entre pymes y autónomos, y que alcanza el 4,16% en los negocios más pequeños.

El 17 de marzo de 2020, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobaba por real decreto-ley una línea de avales del Estado de hasta 100.000 millones de euros para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, pero el dinero lo ponían las entidades financieras. Posteriormente, en julio de 2020, el Gobierno aprobó otra línea de 40.000 millones (ICO-Inversión) y en 2022 otra de 10.000 millones para hacer frente a la crisis generada por la invasión rusa de Ucrania.

Hoy, esas líneas de avales han desatado un aluvión de problemas judiciales para muchas empresas y autónomos que suscribieron los préstamos en el convencimiento de que el Instituto de Crédito Oficial respondería del 80% de la deuda en caso de no poder hacer frente a la misma y ante la exigencia de la totalidad de la deuda por parte de las entidades prestamistas, algunas de las cuales trataron de cubrirse las espaldas ante esta eventualidad.

La propia Agencia Tributaria reconoce en una nota del pasado abril con el epígrafe «La AEAT y los Avales ICO Covid y Ucrania» que estos préstamos constituyen «un régimen ciertamente complejo» y se explica: «Nos encontramos con avales en los que se comparte riesgo con las entidades financieras en igualdad de condiciones y sin las prerrogativas propias del crédito público. Es un crédito público “sui generis” muy desnaturalizado. Es la entidad financiera la encargada de la reclamación del crédito, si bien la AEAT interviene en la tramitación de los expedientes de deudores que sean titulares de créditos avalados por el ICO» en los casos más extremos, cuando se soliciten aplazamientos, fraccionamientos o quitas, cuando el deudor esté en una situación preconcursal o cuando el deudor esté en concurso de acreedores.

Las consecuencias de no pagar un préstamo ICO incluyen la acumulación de intereses de demora, inclusión en registros de morosos, demandas judiciales y la ejecución de garantías. En casos extremos, el impago puede llevar a un procedimiento concursal y poner en riesgo los bienes.

Según un informe de la Cámara de Comercio de Valencia, los 68 municipios impactados por la DANA albergan a más de 48.700 empresas, de las cuales más de tres cuartas partes pertenecen al sector servicios. En términos de PIB y empleo, estas empresas generan 21.819 millones de euros y emplean a 264.883 personas.

A cierre de 2023, más del 60% de los 107.186,9 millones de euros avalados en la línea de créditos Covid ya se ha pagado y amortizado con normalidad. Sin embargo, hay 44.122 empresas y autónomos con impagos comunicados por un importe neto impagado de 1.049,4 millones de euros (3.437,8 millones avalados) con una ratio de impagos entre los autónomos y pymes del 3,52%.