El Gobierno, maltrecho por las acusaciones de inacción y por la imagen del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, saliendo por la puerta trasera en su visita a la «zona cero» de Paiporta mientras los Reyes mantenían el tipo entre barro e improperios que no iban para ellos, trató esta mañana de dar un giro al presentar un primer paquete de ayudas para paliar los daños más directos de la DANA que ha arrasado por completo las localidades próximas a la Albufera de Valencia.

Se trata de un compendio de ayudas directas, créditos y exenciones que tienen por ahora un carácter excepcional por ir dirigidas específicamente a los damnificados y a las zonas devastadas por la riada, pero que no contemplan por ahora partidas adicionales a los fondos que controla directamente el Gobierno.

En cualquier caso, estas ayudas urgentes sumarían un importe de 10.600 millones de euros entre todos los conceptos, de ellos 5.000 millones en avales ICO y 1.438 millones en exenciones, y están dirigidas tanto a particulares como a empresas e instituciones de los 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía golpeados por las inundaciones.

El «Plan de reconstrucción», contempla tres fases: la primera, de respuesta inmediata y urgente ante la catástrofe aprobada hoy por esos 10.600 millones; una segunda, de reconstrucción de las zonas afectadas; y una tercera, de relanzamiento de la región. Sánchez ha advertido que en la fase de reconstrucción se tendrán en cuenta factores medioambientales para rediseñar los cauces y la ubicación de polígonos, viviendas e infraestructuras.

Para acceder a las ayudas se deberán presentar las solicitudes en el plazo de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley, acreditar la titularidad sobre los inmuebles afectados y la cuantía del daño en la vivienda y enseres de primera necesidad. Cuando no exista cobertura de un seguro, se admitirá un informe pericial validado por el ayuntamiento en el que conste la destrucción de la vivienda y bienes con una valoración de los daños sufridos

Más de 70.000 euros por casa

Para empezar la reconstrucción, se destinarán entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de viviendas dañadas –por destrucción de la casa se darán 60.480 euros; por daños a la estructura 41.280 euros, y por daños no estructurales, 20.640 euros– y hasta 37.000 euros para las comunidades de vecinos, con objeto de reparar elementos comunes como portales y ascensores. Estas ayudas directas no tendrán un umbral de renta máximo, y estarán exentas de tributación en el IRPF.

Además, se pueden solicitar solicitar hasta 10.300 euros para reponer los electrodomésticos o enseres de primera necesidad.

Coches: 20% más de lo tasado

El Consorcio de Compensación de Seguros empezará a abonar hoy mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo, que serán un 20% superiores al valor de tasación del coche. Sánchez cuantificó los gastos del Consorcio en los 3.500 millones, tras haber recibido hasta ahora por encima de 70.000 solicitudes, más de un 60% de ellas correspondientes a vehículos (44.203).

Ayuntamientos: el 100%

El fondo se hará cargo del 100% de todos los gastos de emergencia a los ayuntamientos afectados (retirada de lodo, escombros, enseres inservibles, suministro de agua potable, limpieza de las calles y alojamiento y manutención de los vecinos afectados) y el 50% de todas las obras de reparación de infraestructuras en los próximos años, incluidos todo tipo de instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos o centros cívicos. Asimismo, se les compensará por los impuestos que dejen de recaudar y se les ampliará el límite de gasto para inversiones sostenibles.

ERTE al 100%

En el ámbito laboral se habilitarán los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor con el 100% de bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social, en lugar del 90% previsto en la ley. Los autónomos tendrán la posibilidad de solicitar la prestación por cese de actividad que será del 70% de su base de cotización, aunque no hayan cumplido los 12 meses exigidos y sin que les reduzca sus prestaciones a futuro.

Incapacidad por la DANA

En el ámbito de la protección social se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocados por la riada, que tendrán consideración de accidente de trabajo, lo que garantiza el 75 % del salario desde el primer día de incapacidad. Por su parte, las pensiones de incapacidad permanente, viudedad y orfandad también se asimilarán a accidentes laborales, lo que supondrá un aumento de la cuantía y una mejora del cálculo, que se hará en base a los ingresos totales del último año. Respecto a quienes reciben ya el ingreso mínimo vital en las zonas afectadas o alguna prestación no contributiva, las verán aumentadas en un 15% durante los próximos tres meses y habrá una posibilidad de prorrogar más tiempo esta medida.

Ayudas a empresas

Se establecen también ayudas directas de 838 millones para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas, que serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas. Las empresas que hayan suspendido su actividad y la de sus trabajadores mediante un ERTE no tendrán que abonar las cotizaciones de sus trabajadores a la Seguridad Social hasta febrero de 2025.

Avales ICO

Asimismo se crea una «línea de avales» gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 5.000 millones, de los que ayer mismo se aprobó un primer tramo de 1.000 millones dirigido también a hogares, además de a pymes y autónomos. De esta forma, los particulares podrán acceder a través de su banco a créditos con la garantía del Estado, para poder adelantar por ejemplo el cobro de las indemnizaciones que deba abonar el Consorcio de Compensación.

Hipotecas

Los ciudadanos y pymes o autónomos que tengan hipoteca o préstamos al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante tres meses y pagar solo los intereses durante nueve meses adicionales gracias a la moratoria de los bancos.

Exenciones fiscales

Se retrasa el segundo pago de la declaración del IRPF o de cualquier otro impuesto a la Agencia Tributaria. Los propietarios de inmuebles no tendrán que pagar el IBI de 2024 y se reducirá el impuesto sobre actividades económicas correspondiente a este año. Tampoco habrá que pagar tasas de Tráfico ni de la Policía en la tramitación de las bajas de los vehículos o la expedición de documentos como DNI y el carné de conducir.