La OPA hostil lanzada por BBVA por el 100% del accionariado de Banco Sabadell ya tiene respuesta por parte del banco que preside Josep Oliu, que no difiere en nada a la que rechazó la propuesta inicial: "Rechazamos la OPA. El consejo ya declinó la propuesta este lunes porque infravalora significativamente el proyecto del banco". Este "no" se une al que ya dio el pasado día 30 de abril, cuando comunicó que rechazaba la propuesta "no solicitada, indicativa y condicionada" de fusión planteada por BBVA.

La entidad con sede en Alicante comunicó en ese momento que el consejo "confía plenamente en la estrategia de crecimiento de Banco Sabadell y en sus objetivos financieros, y es de la opinión de que la estrategia como entidad independiente generará un mayor valor para sus accionistas". Además, el presidente de la entidad, Josep Oliu, defendió ayer en un vídeo enviado a la plantilla en el que explicaba las razones del rechazo a la propuesta y defendía que Sabadell es un banco "fuerte y con futuro", declaraciones a las que fuentes de esta entidad remiten hoy tras la opa hostil.

El banco que preside Carlos Torres ha planteado los mismos términos de la fusión para la OPA hostil. Se mantiene en una acción de nueva emisión por 4,83 acciones de Sabadell, que supone una prima del 30% sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril, del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes o del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses y con un 16% de participación de la entidad resultante para los accionistas de Sabadell, "beneficiándose del valor generado por la operación", según se detalla en la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las reacciones no se han hecho esperar. La primera y más contundente la del Gobierno, a través del Ministerio de Economía, que ha mostrado su rechazo a la OPA hostil "tanto en la forma como en el fondo" y considera que esta operación "introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español". Así lo han confirmado fuentes del Ministerio de Economía, que apuntan que dicha operación "supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener un impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros".

Por su parte, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, defendió que "las empresas son libres de actuar" y de ofrecer "ofertas". En declaraciones en un foro organizado por Expansión, apuntó que "tienen unos equipos magníficos, los presidentes son magníficos y, por tanto, queda en el ámbito privado empresarial". A su juicio, lo que se debe hacer es "respetar" las decisiones, "en este caso, de una y ambas partes y también de los accionistas". Garamendi no ha perdido la ocasión para lanzar un dardo al Gobierno tras asegurar que el valor en Bolsa de las empresas españolas es menor que el que tendrían "si fluyeran", es decir, "sin la carga fiscal" que tienen y que "no permite que ganen dinero".

Sin embargo, Foment del Treball ha mostrado un planteamiento distinto, ya que ha asegurado que con esta operación "las grandes perdedoras serían las pymes catalanas" y, por tanto, las empresas españolas, ya que muchas pequeñas y medianas empresas quedarían "huérfanas de financiación". La patronal catalana se ratifica así en las declaraciones que ha hecho desde que se conociese la oferta, ya que respaldó la decisión del consejo de administración del banco que preside Josep Oliu de rechazarla. Para Foment, el crecimiento de concentraciones financieras "se tendría que hacer en Europa y no en España".