Ribera suma a su inacción en la DANA la recusación si los laudos renovables llegan a Europa

A Teresa Ribera se le acumulan los problemas para que su candidatura europea como vicepresidenta para la Transición Limpia, Justa y Competitiva prospere. No ya sólo por su inacción para anticiparse y responder a las riadas que han devastado buena parte de Valencia sino por su autorización en 2022 a la trama de los hidrocarburos formada por Víctor Aldama y Claudio Rivas, ambos en prisión. Mediante esta autorización como operadores, la red podía comprar combustible sin pagar el IVA y venderlo con el gravamen incorporado, con un beneficio del 21% estimado en unos 180 millones de euros.

Y es que el examen al que se sometió Ribera esta semana para tratar de avanzar en su candidatura como vicepresidenta del Ejecutivo comunitario fue de todo menos un camino de rosas. La todavía ministra del Gobierno de Pedro Sánchez estuvo contra las cuerdas en varias ocasiones, como cuando los eurodiputados populares Raúl de la Hoz Quintano y la finlandesa Aura Salla le preguntaron si estaba dispuesta «a dimitir de su puesto si sale a la luz si usted, o miembros de su gabinete, tenían vínculos con la mafia» de los hidrocarburos ante lo que se limitó a enviar balones fuera y a desvincularse de la trama y de dicha autorización.

Pero estos no son los únicos escollos que tiene por delante Ribera. La vicepresidenta tercera reconoció que tendrá que recusarse de sus atribuciones si el escándalo de los impagos a las renovables llega a Bruselas. Es decir, no podrá inmiscuirse en la toma de decisiones sobre esta cuestión y deberá echarse a un lado ante cualquier investigación europea sobre este asunto que atañe directamente a la que todavía es su cartera.

De hecho, este fue el primer «test de estrés» que tuvo que pasar Ribera en su comparecencia de más de tres horas en la que no fue capaz de disipar demasiadas dudas más allá de asegurar que no pondrá repartos a la expansión de los mini-reactores nucleares mientras ha dejado finiquitada a la nuclear en España.

El primero en abrir fuego fue el eurodiputado alemán Markus Ferber, quien planteó las siguiente preguntas a la dirigente socialista: «Es fundamental que un comisario que asume la cartera de Competencia sea imparcial y neutral. De lo contrario, su papel independiente puede quedar condicionado. ¿Cómo tiene previsto resolver los conflictos de interés que puedan surgir durante su mandato? En este sentido, la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre la retirada retroactiva de las primas renovables. Usted ha estado inmiscuida en esta cuestión como ministra. ¿Cómo puede garantizar su neutralidad cuando deba lidiar con estos temas?»

En respuesta a la andanada, Ribera recalcó que «prestará la máxima atención posible al hecho de mantener una gestión independiente” y reconoció que «si hay cualquier miedo a un posible conflicto de interés, el asunto se podrá elevar a la presidencia de la Comisión Europea, para que se delegue la gestión del asunto en cuestión a otro miembro del equipo de gobierno».

Ribera admitía así que las empresas afectadas pedirán su recusación y, según sus propias palabras, asume que el evidente conflicto de intereses con el que va a lidiar a la hora de abordar este asunto hará que deba dar un paso atrás y dejar la resolución en manos de otro miembro de la Comisión Europea. «Esa es la forma en que tendremos que proceder si surge cualquier asunto en el que yo haya estado implicada a lo largo de mi gestión como ministra en España», dijo.

Ante la inconcreción, Ferber replicó: «Ha sido demasiado abstracta en su respuesta. Los inversores necesitan estabilidad regulatoria. En el caso de las renovables, las decisiones que tomó España fueron contra la confianza en el país y su capacidad de atraer capital para la transición energética. En base a ese legado, ¿cree que usted realmente está capacitada para atraer inversiones verdes a Europa?»

Problema heredado

Acorralada, Ribera utilizó la excusa de que el problema de los laudos renovables vino heredado de gobiernos anteriores. Después, señaló que «intentó ofrecer soluciones a los inversores, lo cual resultó útil y de ayuda».

Sin embargo, Ribera dijo una verdad a medias. Los laudos fueron heredados, pero Ribera ha incumplido de forma sistemática las indemnizaciones dictadas por procedimientos vinculantes de arbitraje, generando de esta forma un grave problema de inseguridad jurídica con una cascada de derrotas sonadas en tribunales británicos, estadounidenses o australianos que han derivado en sentencias que habilitan el embargo de bienes del Estado en el extranjero.

Y es que las «soluciones» propuestas por Ribera fueron rechazadas por la gran mayoría de las compañías que sufrieron los cambios regulatorios y fiscales que anularon de forma retroactiva la rentabilidad de sus inversiones.

Lena Sandberg socia del despacho estadounidense K&L Gates recuerda que estas empresas «invirtieron con la certeza de que España brindaba las garantías propias de ser un país miembro del Tratado de la Carta de la Energía, lo que a su vez llevaba aparejada la seguridad jurídica de poner iniciar un procedimiento de arbitraje en caso de disputa». Sandberg añade que «en la medida en que España siga sin pagar los laudos, esa seguridad jurídica brillará por su ausencia». Por tanto, la jurista considera que «en caso de ser confirmada como comisaria, Ribera debe recusarse en cualquier asunto sobre estos laudos».