La reforma de Escrivá reducirá la pensión máxima un 20%

La segunda parte de la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá y aprobada por el Congreso está «muy lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y de devolverlo al equilibrio». Las medidas incluidas en el reciente decreto reducen parte del desequilibrio esperado del sistema durante los próximos años, pero solo «de forma modesta» y, por tanto, no garantiza que la generación «baby boomer» obtenga unas pensiones acordes a la cotización realizada durante su vida laboral.

Así lo determina la Fundación Española de Economía Aplicada (Fedea), que ha publicado un informe del economista Ángel de la Fuente que advierte de las carencias de lo aprobado, ya que su estimación del coste de la mejora de las pensiones mínimas ha aumentado significativamente, al tener en cuenta que la nueva norma no supone únicamente un incremento puntual en sus cuantías, sino también «un cambio importante en su regla de evolución, pues estas prestaciones pasan de actualizarse con la inflación a ligarse al crecimiento de los salarios medios, dado que el umbral de pobreza que a partir de ahora determinará su cuantía se calcula con los ingresos medios», medianos, en realidad.

Asimismo, observa que «el incremento de ingresos generado por la subida de las bases máximas de cotización desaparece cuando se calcula con respecto a la proyección de ingresos del último Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea (Ageing), la referencia más apropiada en las evaluaciones trienales que exige el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). De la Fuente estima que esta segunda pata de la reforma generará «en el mejor de los casos» un ahorro neto equivalente a solo el 0,39% del PIB en 2050 –el equivalente del gasto del 0,51% del PIB y del ahorro del 0,90%, por lo que queda muy lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema. Dentro de las medidas de gasto, Fedea estima que, en 2050, la subida de las pensiones mínimas y del complemento de la brecha de género contemplada en la reforma supondrán un gasto del 0,28% del PIB, mientras que los cambios en la pensión inicial derivados de la ampliación del periodo de cálculo a 29 años –descartando los dos peores– implicarán un gasto del 0,18% del PIB. A ello, hay que sumar el gasto por el incremento de la pensión máxima, cifrado en el 0,05% del PIB.

En lo que se refiere a las medidas recaudatorias, De la Fuente calcula que la subida de la sobrecotización del MEI desde el 0,6% al 1,2% permitirá ingresos en 2050 por valor del 0,40% del PIB, el mismo porcentaje que se ingresará por el destope de las bases máximas, aunque calculadas en términos constantes. Además, la cuota de solidaridad que establece la reforma para gravar los salarios más altos proporcionará ingresos del 0,10% del PIB.

Por ello, Fedea reclama que se aproveche la tramitación como proyecto de ley para mejorarlo «con una reformulación del MEI que tenga en cuenta el déficit». El informe apunta que, aunque el decreto «introduce mejoras sustantivas en el diseño del MEI», el mecanismo «sigue siendo mejorable y su redacción confusa», y critica que «no se precise qué medidas de ingreso han de tenerse en cuenta en el cálculo o con respecto a qué escenario de referencia han de calcularse sus efectos incrementales». Tampoco se menciona «en ningún momento los ingresos totales del sistema, lo que hace que no se tenga en cuenta su déficit real o incluso proyectado, algo que no parece muy razonable en una regla de ajuste».

Fedea estima que, con la reforma, la pensión mínima media aumentaría en un 8,9%, desde 9.786 hasta 10.657 euros anuales. Según sus cálculos, el gasto necesario para elevar ya en 2023 la cuantía de todas las pensiones mínimas a los nuevos niveles de referencia, ligados al umbral de la pobreza, superaría los 2.320 millones de euros (0,16% del PIB), a lo que habría que sumar otros 94 millones derivados de la mejora del complemento por brecha de género, con lo que el gasto total por estas dos medidas equivaldría, si se aplicara este mismo año, a 2.422 millones de euros. Y todo ello pese a que estas medidas se aplicarían de manera gradual, por lo que no producirán un gasto inmediato, sino progresivo, pero que a la postre podría en peligro el sistema.

Esta última reforma también introduce, dentro de las medidas de ingresos, el destope de las bases máximas de cotización a la Seguridad Social entre 2024 y 2050, «acompañada de la cuasi congelación de las pensiones máximas a precios constantes», pues mientras las primeras aumentarán en términos reales –tras ajustarlas por la inflación– a una tasa anual del 1,2%, la pensión máxima lo hará al 0,115%. Esto supondrá en 2050 un incremento acumulado del 38% para la base mínima de cotización y del 3,15% para la pensión máxima, ambas medidas a precios constantes. Por tanto, la reforma reducirá la pensión máxima desde casi el 80% de la base máxima de cotización hasta el 59,3%, lo que considera una reducción «muy considerable» del grado de contributividad del sistema. La cuantía total de las rentas salariales situadas por encima de la base máxima de cotización actual asciende en la actualidad a solo unos 30.000 millones de euros, lo que supone un 2,64% del PIB, un 5,30% de las rentas del trabajo y un 4,46% de las rentas brutas de los hogares con datos de la Agencia Tributaria. «El potencial recaudatorio de gravar estas rentas, incluso a tipos muy elevados, es por tanto muy limitado».