Las reclamaciones a España en los pleitos renovables superan los 10.000 millones

España adeuda 1.300 millones de dólares en sentencias firmes contra el recorte a las renovables dictadas por instancias internacionales de arbitraje. Eso sin tener en cuenta los costes de los procesos y los tipos de interés, que sumarían otros 250 millones adicionales hasta elevar la cantidad a los 1.550 millones. Una deuda que se ha más que doblado, según el último informe de junio elaborado a petición de los inversores y fondos demandantes.

El número de reclamaciones pendientes es de 55, que acumulan daños y perjuicios por un importe de más de 10.000 millones de dólares, sin tener en cuenta de nuevo los posibles intereses derivados de los procesos de litigio. En cuanto a los casos resueltos, quedan 15 pendientes de pago y sólo uno de ellos ha sido satisfecho, lo que convierte a España en el segundo país «paria» ante los tribunales de arbitraje, tras Venezuela y Rusia, un indicador de la confianza de los inversores, en especial en el sector que acumula la práctica totalidad de las demandas contra España, como es el energético y, en particular, el sector de energías renovables.

Los demandantes internacionales acusan al Gobierno de haber rechazado cooperar con el Banco Mundial para afrontar el desembolso de los laudos, lo que reflejaría el nulo respeto por la legislación internacional y los tribunales de arbitraje.

Tras más de diez años de pleitos, los representantes del Estado se han mostrado convencidos en que la cuantía total de las demandas podría quedar reducida a los 2.000 millones. Desde el primer fallo de 2011, en el que se solicitó una indemnización de 1.900 millones que se quedó en 91, España sólo ha ganado una de las 29 demandas resueltas, aunque como en el caso citado la cuantía de la indemnización quedó en testimonial. La excepción fue el del holandés NextEra, que en 2014 recibió un laudo favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, por 290 millones.

El severo recorte retributivo en las subvenciones arrancó en 2011 y se agravó en 2013. España defendía que el sistema de subvenciones era inviable y abusivo por las excesivas rentabilidades que garantizaba y argumentaba que, pese a todo, el conjunto de las tecnologías renovables iba a percibir –según los cálculos preliminares– unos 198.000 millones de euros desde 2014 hasta el final de la vida útil de las instalaciones en concepto de ayudas. A esa cantidad se sumaban los casi 200.000 millones procedentes del mercado.