Se acumulan las condenas contra el Estado por el lío de las renovables. La última beneficia a la compañía italiana Renergy, que reclamó una compensación de 152 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas renovables y, tras diez años de litigio, ha obtenido una sentencia firme favorable a sus intereses.

En mayo de 2022, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), tribunal de arbitraje del Banco Mundial, dictaba un laudo que reconocía a Renergy una indemnización de 32,9 millones de euros. Sin embargo, España se negó a acatarlo.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez activó un pedido de anulación que ha dilatado todo el proceso hasta el presente mes.

Aunque la Abogacía del Estado ha tratado de forzar la nulidad del laudo argumentando que el CIADI no puede juzgar el asunto, la revisión ha concluido que el panel de jueces acordados por las partes no se extralimitó en ningún momento, puesto que España era un país firmante del Tratado de la Carta de la Energía cuando se aprobaron las primas y seguía dentro del acuerdo en el momento en que las retiró, de modo que las empresas afectadas tenían la legitimidad para acudir al CIADI.

Renergy inició la denuncia en 2014, de modo que la empresa ha padecido diez años de litigios marcados por la inseguridad jurídica, como defienden los demandantes afectados. La causa de Renergy es similar a la de más de 65.000 familias afectadas y a la del medio centenar empresas internacionales que han denunciado a España.

Peor que Rusia y Venezuela

De esos 50 procedimientos, 26 cuentan con un laudo final favorable a los inversores, por un monto total de 1.562 millones al que se deben sumar 318 millones en concepto de condenas en costas, intereses de demora y los honorarios de los consultores contratados por la Abogacía del Estado, según indican a este diario fuentes conocedoras de los casos.

En total, la factura supera los 1.878 millones de euros y se incrementa a un ritmo cercano a los 100.000 euros diarios. Ante los impagos del Gobierno, que ha superado a Venezuela y Rusia en el ranking de incumplimientos de sentencias de arbitraje, las empresas afectadas han iniciado el registro de los laudos en terceros países. Así, en Reino Unido, los tribunales han respaldado a los afectados y han autorizado ya numerosos embargos de bienes españoles.

En Londres, la Justicia ha autorizado cautelarmente la intervención de la sede londinense del Instituto Cervantes, un edificio de la Generalitat catalana y el inmueble y la propiedad donde se ubica la Escuela Internacional pública española Vicente Cañada Blanch.

Además, los tribunales británicos han embargado el usufructo de Aena en el aeropuerto de Luton, donde controla el 51% de la operativa y se han incautado cuatro cuentas y el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del Prestige, unos 900 millones de euros.

En Australia, la Corte Suprema ha reconocido las deudas de España, lo que podría afectar a la filial de Navantia. Por su parte, Bélgica ha autorizado la intervención preliminar de los pagos de Eurocontrol a Enaire por el servicio de gestión del tráfico aéreo, interviniendo hasta la fecha una 80 millones y la justicia de EE UU acaba de publicar un fallo en el que reafirma su capacidad de juzgar los impagos de España y tomar medidas de embargo. Los tribunales de Alemania y Suiza también han fallado contra España.