Financiación autonómica

¿Maltrato fiscal sistemático en Cataluña? Los datos no avalan la tesis y su déficit es "el que le toca"

Un análisis de Fedea asegura que está en la media de financiación aunque soporte problemas que, añade, son comunes a otras comunidades

Banderas catalana, española y estelada mezcladas durante una manifestación
Banderas catalana, española y estelada mezcladas durante una manifestaciónAgencia EFE

Entre los nacionalistas más radicales -y algunos no tan radicales- se presenta como una verdad evidente e indiscutible la tesis de que el déficit fiscal de Cataluña es claramente excesivo y ha de ser corregido para garantizar la competitividad y el progreso de la comunidad autónoma, así como su encaje en España. Pero la tozuda realidad de los datos, según los expertos, no avala tal victimismo.

El último análisis al respecto, realizado por el "think tank" Fedea, uno de los más respetados en el panorama económico español, asegura que la foto resultante de las balanzas fiscales publicadas hasta el momento aporta "indicios claros de la existencia de problemas significativos de inequidad territorial que habría que tratar de corregir, pero entre ellos no está el sistemático maltrato fiscal de Cataluña".

El documento, titulado "Las balanzas fiscales y algunas cuestiones relacionadas", asegura que puesto que Cataluña está entre las regiones con mayor renta per cápita de España, "lo esperable es que presente un déficit fiscal y así sucede. Es más, la región se sitúa casi exactamente sobre la recta ajustada de regresión, lo que nos dice que el tamaño de su déficit es aproximadamente el que “le toca” de acuerdo con su nivel de renta", asegura el autor del "paper", Ángel de la Fuente.

El economista asegura que, en cuestión de financiación por habitante, Cataluña ha estado siempre en torno a la media de las comunidades de régimen común en términos de los indicadores que analiza. "Casualmente, el promedio de su índice de financiación homogénea es exactamente 100 [la media], con un mínimo de 96,9 y un máximo de 104,5", detalla.

Problemas, sí; maltrato, no

Los datos, por tanto y según Fedea, "no avalan la tesis del maltrato". Pero esto "no quiere decir que no haya problemas o legítimos motivos de queja por parte de Cataluña y otras comunidades en materia de financiación autonómica", añade. Estos problemas, explica, tienen que ver con la elevada desigualdad del reparto de recursos entre autonomías y con su "alto grado de arbitrariedad". Trabajando con promedios sobre veinte años, Fedea ha detectado que existe un abanico de 27 puntos porcentuales entre las comunidades de régimen común mejor y peor tratadas por el sistema que puede generar diferencias importantes en la calidad de los servicios públicos de competencia autonómica. Así, Valencia estaría en 92,4 en términos del índice de financiación relativa por habitante ajustado, mientras que Cantabria está en 119,6 sin que existan motivos comprensibles para ello.

El centro de estudios también considera que la ordenación de las comunidades autónomas en términos de recursos por habitante ajustado tras la aplicación del sistema de financiación autonómica "carece, además, de toda lógica. No es que las regiones pobres, o las ricas, estén sistemáticamente bien o mal tratadas, sino que hay un poco de todo. Así, Andalucía y Murcia están entre 95 y 97 mientras que Extremadura anda por 109. Cataluña y Madrid están entre 100 y 101 frente a los casi 120 ya citados de Cantabria o los 116 de la Rioja", según desgrana.

Cataluña, según Fedea, tampoco es un caso llamativo en un contexto internacional. Al compararla con otros territorios españoles o extranjeros con niveles de renta relativa similares, la comunidad está "mucho más cerca de la norma que de la sangrante excepción que denuncian algunos nacionalistas", según Fedea. Es verdad, añade, que en ciertos países hay algunas regiones ricas que parecen tener saldos fiscales más favorables que el catalán, comenzando por los territorios forales españoles. Algunos de estos datos podrían ser un tanto engañosos, "pero en cualquier caso resulta cuando menos discutible que la ausencia de privilegios constituya base suficiente para una acusación de maltrato", remata.