Según las cuentas del Gobierno de Sánchez, el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales recaudará 1.200 millones en 2019. Según PwC, el impacto sobre el PIB será negativo.

El impuesto sobre determinados servicios digitales (IDSD) planteado por el Gobierno de España tendrá un impacto negativo sobre el bienestar de los consumidores españoles. Este perjuicio, con un valor económico estimado de entre 515 y 665 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB), se deriva del incremento del precio de los productos y servicios, lo que conlleva pagar más por ellos (repercutiendo negativamente en el ahorro) e incluso, en algunos casos, no poder permitirse su adquisición y disfrute.

Así se desprende del estudio 'Impacto de un impuesto sobre los servicios digitales de la Economía Española', elaborado por PwC a petición de Ametic y Adigital, cuyas conclusiones se han presentado esta mañana en Madrid.

Según el informe, los grandes perjudicados por la conocida com “Tasa Google” serán precisamente los principales beneficiarios de los servicios digitales: pequeñas y medianas empresas (pymes) y consumidores. Y es que, lo previsible es que el coste del impuesto será transferido a las compañías usuarias de los servicios gravados, que trasladarán una parte al precio final que paga el consumidor. En función de la variación de la cantidad demandada de productos y servicios ante una variación en el precio, una parte del coste lo asumirán los consumidores, a través del precio, y el resto el propio vendedor, como un incremento del coste.

El informe estima también que las empresas españolas usuarias de los servicios digitales verán reducidos sus beneficios entre 450 millones y 562 millones de euros, sumando el incremento del coste de uso de plataformas y marketing online y la disminución de las ventas por el traslado de parte del precio al cliente final.

Este efecto tendrá una repercusión económica negativa de hasta 662 millones de euros sobre el PIB nacional, según PwC. Asimismo, como resultado colateral, la introducción de este impuesto tendrá un impacto neto negativo sobre la recaudación del IVA, debido a la disminución de la facturación.

Efectos a largo plazo sobre la economía

A largo plazo, si se ralentiza el proceso de digitalización de las empresas, la economía nacional se situará en una posición de desventaja competitiva respecto a otros países.

Según PwC, un incremento del 10% en el índice de digitalización de un país supone un crecimiento del 0,75% en el PIB per cápita y reduce un punto porcentual la tasa de desempleo. Lastrar el proceso de digitalización con un impuesto digital impedirá estos potenciales beneficios que las tecnologías digitales pueden proporcionar a España en términos de productividad.

Con todo, la “Tasa Google” tendrá un efecto distorsionador sobre el mercado, creando ventajas competitivas de determinadas empresas sobre otras. El impuesto perjudicará a las compañías más digitalizadas que utilicen plataformas de terceros para vender o anunciar sus productos −principalmente pymes, por el menor coste−. Estas pymes se verán, por un lado, perjudicadas al exportar, ya que pagarán al menos la mitad del impuesto, funcionando como un arancel a la exportación. Por otro lado, en el mercado doméstico pagarán el impuesto completo, quedando en desventaja competitiva respecto a los importadores extranjeros, que pagarían solo la mitad, incentivando así la importación.

Importancia de los servicios digitales para pymes y consumidores

Las plataformas online de intercambios de productos y servicios (marketplaces), bien entre empresas (B2B) o de empresas a consumidores finales (B2C), son una de las actividades que se verán afectadas por este impuesto. Se trata de una solución asequible para que las empresas de menor tamaño, de reciente creación o startups realicen la venta online de sus productos sin necesidad de desarrollar una plataforma propia. Una prueba de ello es que la mitad de las ventas de empresas españolas a través de estas plataformas digitales se corresponden con empresas de pequeño tamaño.

Asimismo, los marketplaces facilitan la internacionalización de las pymes, permitiendo expandir su mercado fuera del territorio nacional. El IDSD también afectará a las plataformas de intermediación para el intercambio de bienes o servicios entre particulares (P2P), la venta de datos de los usuarios y las plataformas de publicidad online.

Para María Teresa Gómez Condado, directora general de Ametic, “el impuesto sobre determinados servicios digitales supone una penalización a la industria digital, el primer sector generador de crecimiento y empleo. Además, el planteamiento del impuesto, al gravar los ingresos y no los beneficios, contradice el tradicional principio internacional de gravar los beneficios corporativos y puede dar lugar a situaciones de doble imposición. Con todo, para llevar a cabo una correcta fiscalización de los ingresos digitales se precisan medidas globales y coordinadas en el seno de la OCDE que eviten efectos distorsionadores sobre el mercado y países beneficiados y perjudicados”.

Por su parte, José Luis Zimmermann, director general de Adigital, ha coincidido en la necesidad de una regulación aceptada y consensuada a escala global: “Se trata de lograr un marco regulatorio moderno y adecuado, que incorpore los principios internacionales que han posibilitado la innovación hasta ahora. España no puede adoptar medidas unilaterales que nos dejen en una situación de excepcionalidad, y por tanto de desventaja, en el contexto político y económico internacional”.