Ayer venció el plazo de aplicación del mecanismo de revisión excepcional de precios recogido en el Real Decreto-Ley 3/2022 y que el Gobierno aprobó para tratar de ajustar los presupuestos en que se adjudicaron las obras públicas a la nueva realidad de los precios del sector, disparados desde hace más de un año. Un sistema que, aunque reconoce que necesita mejoras, el sector considera fundamental para evitar no sólo una oleada de concursos de acreedores y disoluciones de constructoras sino también para evitar que muchas obras queden desiertas y se pongan así en riesgo los fondos NextGenerationEU. Tan vital lo consideran, que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) se ha dirigido por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que medie en la disputa que mantienen los ministerios de Hacienda y Transportes (Mitma) y posibilite la prórroga del mecanismo, según informó ayer la CNC.

Como asegura la patronal, en el Gobierno conviven dos sensibilidades enfrentadas al respecto de este asunto. El Departamento de María Jesús Montero tiene una visión puramente presupuestaria que le ha llevado por el momento a no querer saber nada de una posible ampliación temporal de la medida. Enfrente se sitúa el Mitma, que considera imprescindible dotar de estabilidad a la contratación pública para el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas. Desde la CNC, como también desde la otra gran organización sectorial, Seopan; llevan tiempo advirtiendo en este sentido de que la finalización del mecanismo puede dejar desiertas próximas licitaciones que están financiadas con fondos europeos. La patronal calcula que hay contratos de obra por importe de 6.923 millones de euros pendientes de adjudicación y formalización que no incorporan el mecanismo excepcional de precios al haber vencido el plazo para su aplicación y que corren el riesgo de quedar desiertos.

Si los proyectos no se adjudican y dependen de los fondos de la UE, el problema además se agrava. Como explican fuentes del sector, si hay obras con financiación europea que quedan desiertas, "vuelves atrás ocho meses porque tienes que relicitar el proyecto, ajustar precios...y los plazos aprietan", advierten. Las obras dependientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen que estar comprometidas antes de finales de 2024 y ejecutadas en julio de 2026. Y perder ocho meses sería un serio contratiempo porque "vamos justos de plazos", advierten. Seopan, de hecho, ya ha advertido de que el retraso y la baja ejecución de los Pertes y la ayuda europea adicional (adenda) que alcanzan en total más de 106.000 millones de euros harán necesario prorrogar los plazos de ejecución de los fondos y ha pedido por ello al Gobierno que se prorroguen los plazos.

Calidad

Al sector, como también ha puesto de manifiesto la asociación de constructoras no cotizadas (Anci), también le preocupan los efectos que puede tener sobre la concurrencia la falta de este mecanismo. Si en lugar de llegar veinte ofertas sólo llegan dos o tres porque muchas constructoras no quieran arriesgarse a meterse en obras que les pueden resultar deficitarias, la calidad del proyecto se puede resentir porque "el que se arriesgue no siempre tiene que ser el mejor. Y eso no es bueno para los fondos públicos", advierten las fuentes consultadas.

Las obras desiertas no son una mera amenaza. Son una realidad. El pasado ejercicio, las compañías dejaron desiertas 2.032 licitaciones de obras públicas por valor de más de 900 millones de euros al no ajustarse los presupuestos de las administraciones públicas a los costes reales de ejecución que calculaban las compañías. Recientemente, por ejemplo, ha quedado sin adjudicar el trasvase de la Cuenca del Pizarroso, en Cáceres, una obra de 62 millones de euros licitada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.