Tras el fracaso de los tres primeros, el Gobierno prepara un cuarto Decreto-Ley para revisar el imparable incremento de los precios de las materias primas de la construcción que alivie la delicada situación que atraviesa este sector, según aseguran fuentes conocedoras del proyecto. No obstante, pese a que valoran la disposición del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para tratar de solucionar el problema, las empresas son poco optimistas respecto a la efectividad de la nueva norma que está cocinando el Ejecutivo. Consideran que la negativa de incluir la energía entre los elementos a revisar abocará al nuevo decreto a otro fracaso y dejará las cosas igual de tocadas que ahora.

La construcción se están enfrentando a un aumento de los costes de ejecución de las obras de un 33% por el incremento de los precios de las materias primas. Una situación a la que no es ajena el (Mitma), que ha tratado de poner freno a esta escalada con tres decretos de revisión de los precios que, de algún modo, compensasen el desfase entre el coste al que se adjudicaron las obras y lo que cuesta hacerlas ahora debido al abultado crecimiento del precio de los materiales sobrevenido primero por la pandemia del coronavirus y después por la guerra de Ucrania. Sin embargo, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha denunciado que las tres normas han fracasado. Según sus cálculos, el 95% de los proyectos no se puede acoger a la revisión de precios debido, entre otros motivos, a la negativa del Gobierno a incluir la energía como uno de los elementos cuyo precio pueda ser sometido a revisión. Sólo grandes proyectos como los ejecutados por Adif y algunos de la Dirección General de Carreteras se han podido beneficiar de estas revisiones, según asegura la construcción.

Pesimismo

La oposición del Ejecutivo a traspasar esta línea roja de la energía hace ser muy pesimista al sector respecto a la efectividad del nuevo decreto. La CNC considera fundamental compensar el incremento del precio de la energía. Para ello, ha sugerido incluirla en las fórmulas polinómicas de revisión, bien sea complementando con fondos específicos según los contratos y tipos de obra, o aplicando medidas adicionales que reflejen el peso que ésta tiene en las obras, que puede llegar a suponer el 30% del coste total y supera con creces al ponderado en las fórmulas polinómicas.

No es, sin embargo, la única mejora que, a su juicio, debería incluir el decreto para ser efectivo. En su opinión, también consideran básico eliminar o, al menos, rebajar al máximo el muy restrictivo umbral del 5% para permitir que un mayor número de obras de diferente tipología y duración puedan acogerse a la revisión excepcional de precios; incluir obras que se ejecutaron durante 2021 y finalizaron antes del 1 de marzo de 2022 y que se han visto igualmente afectadas que las que concluyeron después; e introducir en el cálculo más materiales, además de la energía.

Licitaciones desiertas

El incremento de costes de los materiales está provocando no sólo retrasos en las obras y el abandono incluso de algunos proyectos por la incapacidad de las compañías de abordar esas subidas al haber fracasado las revisiones de precios, sino que está sumiendo al sector en una cada vez mayor parálisis. La patronal de la construcción asegura que sus asociados les han comunicado que, entre octubre de 2021 y septiembre de este año, 1.939 licitaciones de proyectos de obra pública valorados en 882 millones de euros -casi el 10% de lo que se ejecuta anualmente en España- han quedado desiertas. Una cantidad que, advierte la CNC, seguro que será superior porque las recogidas en su análisis son las que han podido recopilar y que, además, no para de crecer.

El motivo que está llevando a las constructoras a mostrar cada vez menos interés por determinados proyectos es el incremento de los precios de las materias primas, lo que provoca que a las empresas no les resulte rentable ejecutar los proyectos a los precios licitados, que no toman en consideración estos incrementos de precios. Una situación que ha llevado, según denunció a finales de junio el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, a que un tercio de las pymes del sector, las más vulnerables, estén en peligro.

La construcción considera que el problema de los sobrecostes llega, además, en el peor momento posible, con la llegada de los 70.000 millones de euros de ayuda europea de los fondos NextGen a la vista. Su temor es que, si las obras no se ejecutan, no se cumplan los plazos y no llegue el dinero. En opinión de la CNC, se necesita un sistema de reequilibrio económico en los contratos como el que había hasta la entrada en vigor de ley de desindexación que solucione de forma definitiva el problema porque, lo que se está poniendo hasta ahora, son parches.