Las constructoras dejan de hacer casi 2.000 obras públicas por el alto coste de los materiales

Las obras públicas que no tienen constructora que las ejecute no paran de crecer. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) asegura que sus asociados les han comunicado que, entre octubre de 2021 y septiembre de este año, 1.939 licitaciones de proyectos de este tipo valorados en 882 millones de euros -casi el 10% de lo que se ejecuta anualmente en España- han quedado desiertas. Una cantidad que, advierte la CNC, seguro que será superior porque las recogidas en su análisis son las que han podido recopilar y que, además, no para de crecer.

El motivo que está llevando a las constructoras a mostrar cada vez menos interés por los proyectos es el incremento que han sufrido los precios de las materias primas en los últimos meses, lo que provoca que a las empresas no les resulte rentable ejecutar los proyectos a los precios licitados, que no toman en cuenta las subidas de precios. El sector empezó a sufrir en el segundo semestre de 2020 un “incremento desorbitado de los precios de las materias primas y retrasos en la llegada de materiales”, según ha explicado el presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén. Esa subida provocó que a finales de ese año, el sobrecoste de las obras fuera ya de un 20%. Un porcentaje que se ha elevado ahora hasta el 33%, según Fernández-Alén, lo que también está provocando retrasos en las obras, paralizaciones e incluso abandono de proyectos en plena ejecución.

Decretos fallidos

Para tratar de subsanar el problema de los sobrecostes, el Gobierno ha aprobado tres reales decretos que establecen un sistema de revisión de precios en contratos públicos que, según el presidente de la CNC, “creíamos que iba a funcionar de modo fluido e iba a ser bueno para los contratistas”. Sin embargo, según ha explicado, no ha sido así. El sector asegura que el sistema no funciona porque incluye condicionantes muy estrictos como contemplar sólo cuatro materiales en la revisión de precios, no incluir la energía o que los ajustes de costes se limiten a las obras iniciadas en 2021. “El 95% de las obras no sufren revisión de precios y las pymes son las que más sufren con el incremento desorbitados de precios”, ha advertido Fernández-Alén.

La CNC asegura que el importe medio de las obras desiertas es de 448.000 euros, lo que denota que el problema no está en las grandes infraestructuras -Adif, por ejemplo, sí está revisando los costes de sus obras porque cumplen los requisitos del sistema de reequilibrio-, sino en las pequeñas y medianas, que normalmente corresponden a ayuntamientos y comunidades autónomas. Algunas regiones como Asturias, Andalucía o Extremadura, ante la invalidez del sistema de revisión de precios articulado por el Gobierno, han tratado de revisarlo para que funcionase. Sin embargo, la patronal de la construcción asegura que la amenaza de la Administración General del Estado de llevarlos al Tribunal Constitucional ha hecho que la gran mayoría de comunidades autónomas hayan eliminado las normativas autonómicas y hayan vuelto al original. “El problema se ha vuelto más complejo todavía”, según Fernández-Alén, que asegura que las administraciones son conscientes de lo que ocurre como lo demuestra el hecho de que haya proyectos que se han vuelto a licitar casi al doble de precio después de quedar desierta la licitación en un primer momento.

La construcción considera que el problema de los sobrecostes llega en el peor momento posible, con la llegada de los 70.000 millones de euros de ayuda europea de los fondos NextGen a la vista. Su temor es que, si las obras no se ejecutan, no se cumplan los plazos y no llegue más dinero. En opinión de la CNC, se necesita un sistema de reequilibrio económico en los contratos como el que había hasta la entrada en vigor de ley de desindexación que solucione de forma definitiva el problema. “Lo que se hace ahora son parches para un problemas muy complejo”, ha concluido Fernández-Alén.