La reciente escalada de las tensiones comerciales entre EE UU. y China, marcada por la imposición de importantes aranceles a los vehículos eléctricos chinos y la posterior investigación antidumping china, señala el posible inicio de una nueva guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. A medida que las superpotencias económicas se enzarzan en medidas de ojo por ojo, crecen los temores por las profundas implicaciones para el comercio mundial, la estabilidad económica y las estrategias de inversión. Por ello, se espera que ambos países frenen la adopción de medidas abusivas entre sí y procuren encontrar soluciones a través del diálogo.

El gobierno estadounidense anunció el jueves la decisión de aumentar los aranceles sobre las importaciones de bienes procedentes de China a partir del 1 de agosto. Las medidas se impondrán a algunas de las exportaciones chinas clave y de más rápido crecimiento, que en 2023 supusieron un comercio valorado en 18.000 millones de dólares (16.600 millones de euros). El mayor aumento cuadruplica la tasa arancelaria sobre los vehículos eléctricos fabricados en China del 25% al 100%, mientras que las tasas sobre las baterías de litio pasarán del 7,5% al 25% y las de los paneles solares aumentarán del 25% al 50%.

Los aranceles punitivos se aplicarán en virtud de la Sección 301 de la Ley de Comercio de EE UU, que establece que estos se pueden elevar de forma unilateral con el fin de corregir las prácticas desleales de los socios comerciales. Analistas económicos señalan que esta nueva ofensiva forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense para presionar a China y reducir su superávit comercial, así como para proteger determinados sectores industriales nacionales.

Un informe del New York Times documenta las medidas adoptadas por el Gobierno chino para estimular el desarrollo industrial desde que lanzó su programa Made in China 2025 hace casi una década. Al parecer, una de las fórmulas en que el Régimen comunista subvenciona las exportaciones es a través del sistema bancario controlado por el Estado, que dirige préstamos a sectores clave a tipos de interés bajos. Según el Instituto Kiel de Alemania, casi todas las empresas chinas que cotizan en bolsa recibieron subvenciones públicas en 2022. Se prevé que este sea uno de los principales temas de debate en la reunión de esta semana de los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de los países avanzados del Grupo de los Siete.

Por su parte, la Cámara de Comercio China ante la UE (CCCEU) emitió el martes una nota alegando que Pekín podría considerar la posibilidad de aumentar temporalmente los aranceles sobre los automóviles de gran cilindrada de la UE. El grupo empresarial, que supervisa a 1.000 empresas chinas, advirtió de que los posibles aranceles tienen implicaciones para los fabricantes de automóviles europeos y estadounidenses, en especial a la luz de acontecimientos recientes como las subidas de aranceles de Washington y la preparación por parte de Bruselas de medidas preliminares durante su investigación antisubvenciones en los vehículos eléctricos chinos. Además, China inició el domingo una controvertida investigación antidumping sobre las importaciones de un termoplástico muy utilizado por EE UU, la UE, Japón y Taiwán en su industria automovilística.

La Comisión Europea inició una serie de investigaciones antidumping sobre vehículos eléctricos, paneles solares y equipos médicos chinos. Su presidenta, Ursula von der Leyen, se ha resistido hasta ahora a las súplicas estadounidenses de presentar un frente unido en materia de aranceles, pero ha prometido penalizar a las empresas chinas si estas investigaciones demuestran que sus bajos precios perjudican a la economía del bloque.