El Gobierno confirma que pretende aprobar la reforma fiscal y el impuestazo al diésel en marzo

El Gobierno asegura que está a "tiempo" de aprobar impuesto al diésel dentro de los plazos previstos para el quinto desembolso del plan de recuperación y evitar así que el pago de 23.900 millones de euros se quede en parcial si falta esta reforma. "Todavía estamos dentro de plazo", defendió Carlos Cuerpo en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE, el Ecofin.

La Comisión Europea ha dado de plazo hasta el 21 de marzo para evaluar si España ha cumplido con todos los hitos y objetivos que forman parte de la quinta solicitud de fondos, entre ellos la reforma fiscal, de la que forma parte el impuesto sobre hidrocarburos, que las autoridades comunitarias deben certificar en cada uno de los compromisos que lo condicionan. "Nos quedan todavía semanas por delante de trabajo intenso tanto con la Comisión como también de manera interna".

No hay que perder de vista que el principal requisito para el desembolso de este quinto tramo ampliado es la reforma fiscal, que debe incluir la subida del impuesto sobre el diésel, una medida que carece de apoyos suficientes para salir adelante en el Congreso de los Diputados. De momento, solo cuenta con el apoyo de Podemos, pero condicionado a que salga adelante también un gravamen permanente sobre las compañías energéticas, que ha decaído en el Congreso por el rechazo de Junts y PNV.

El Gobierno solicitó el quinto tramo del fondo anticrisis el pasado 20 de diciembre. De los 23.900 millones solicitados, 8.000 millones corresponden a subvenciones y 15.900 millones a préstamos de acuerdo con la adenda, que suponía el adelanto de 55 hitos y objetivos ya cumplidos, de manera que el quinto desembolso de transferencias y los dos primeros de préstamos pasarán de las 32 medidas iniciales a un total de 84. Pero no es tan fácil de obtener esta cantidad de dinero, ya que todo depende del Congreso y, ahora mismo, el Ejecutivo no cuenta con votos suficientes.

En concreto, este hito exige a España la adopción de reformas en "ámbitos de la fiscalidad medioambiental, de las empresas, del patrimonio, de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo". Además, detalla que todas estas medidas deberán conducir a un aumento "permanente" de los ingresos de, "al menos", el 0,3% del PIB, que equivale a unos 4.500 millones de euros.

Fuentes comunitarios recuerdan que si se detecta el incumplimiento de alguno de los hitos u objetivos, la Comisión puede decidir otorgar un pago parcial y congelar los fondos correspondientes, como ya ocurrió con el cuarto tramo del plan.