Europa redobla su apuesta verde frente a Trump y Putin: el equivalente a 280 millones de paneles solares al año hasta 2030

Europa tiene precios energéticos superiores a los de sus competidores globales, lo que convierte en una prioridad asegurar unos costes asequibles para evitar la desindustrialización.

A tal efecto la Comisión Europea presentará mañana su Clean Industrial Deal y su Plan de Acción para una energía asequible, cuyos borradores, a los que ha tenido acceso este diario, proponen una batería de medidas que priorizan la generación europea y buscan potenciar contratos a largo plazo -para reducir la exposición a la volatilidad de los precios del gas y del petróleo- así como más interconexiones, particularmente con España, para aprovechar todo su potencial renovable, y menos impuestos.

Y es que, la UE sigue expuesta a las fluctuaciones mundiales de los precios de los combustibles fósiles, con el 90% de su demanda cubierta por importaciones, remarca la Comisión.

Para empezar, Europa se marca un objetivo de electrificación de su economía del 32% en 2030, desde el 23% actual. Todo ello pasa por la instalación anual de 100 gigavatios (GW) de capacidad eléctrica renovable hasta 2030. Para hacerse una idea, España pretende instalar 62 GW de energía eólica y 81 GW de energía solar fotovoltaica para 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Esto supondría que, si solo se instalaran placas solares, Europa debería montar unos 280 millones de paneles adicionales cada año hasta 2030.

Ese despliegue, unido a una mayor integración de las redes eléctricas europeas, mayor cohesión regulatoria y menos impuestos, supondrían unos beneficios de 40.000 millones de euros al año para los consumidores, según estiman los documentos.

Blindar el desarrollo renovable

Para favorecer este desarrollo y garantizar una mayor estabilidad de ingresos para los promotores de proyectos de energías renovables, la Comisión proporcionará orientación a los estados miembros sobre cómo combinar contratos PPA (power purchase agreement) y contratos por diferencias (CFD) o lo que es lo mismo, blindar los desarrollos con grandes compras de energía a largo plazo (generalmente para industrias intensivas) y los correspondientes ajustes de precios durante el tiempo que dura el contrato. Este blindaje de los desarrollos contará con el respaldo por concretar del Banco Europeo de Inversiones.

Además, se plantea un nuevo marco de ayudas de Estado con métodos simplificados y regímenes de ayuda separados para tecnologías como la eólica y la solar, y un mayor apoyo a medidas de flexibilidad y mecanismos de capacidad que aceleren la descarbonización del sistema energético.

Esto contribuirá a electrificar la industria y a desarrollar los mercados de futuros y lograr un suministro más estable a largo plazo.

Sello de "energía europea"

Asimismo, para conseguir mercados líderes que impulsen una oferta y demanda limpias, la Comisión propone revisar las reglas sobre contratación pública con el fin de integrar el uso de criterios distintos del precio (como un criterio de preferencia europea) en sectores estratégicos, incentivar la compra privada de productos descarbonizados con un etiquetado voluntario sobre la intensidad de carbono de productos industriales, además de fomentar el uso de hidrógeno renovable.

Pero como sin demanda de los hogares no es posible esta electrificación, la Comisión publicará en 2025 unas orientaciones para promover el "leasing social de productos limpios" (mencionando en particular los vehículos eléctricos y las bombas de calor), con el fin de proporcionar ayuda financiera a los ciudadanos que les permita acceder a estos productos.

Reducir al mínimo los impuestos

En materia de impuestos, se anima a los estados miembros a reducir las tarifas de red de conformidad con las normas sobre ayudas estatales y la legislación sobre competencia y a reducir la carga fiscal en los recibos, "lo que aumenta la demanda de combustibles fósiles y se desacelera electrificación y demanda de electricidad local barata".

Para ello la Comisión reclama reducir los impuestos sobre la electricidad y eliminar de las facturas los componentes del coste no energético. La Comisión recuerda que está permitido reducir los impuestos nacionales y gravámenes en la factura de electricidad para alcanzar los tipos mínimos del impuesto especial previstos en el Directiva sobre Fiscalidad Energética de 0,5 euros el megavatio hora para empresas 19 y el IVA al tipo reducido permitido del 5%.

La Comisión también pide aprovechar las posibilidades existentes para reducir los impuestos a cero para las industrias y los hogares que consumen mucha energía. Esto garantizará que la electricidad esté menos gravada que otras fuentes.