España: 100.000 millones en «panamás»

No tributan ni tienen empleados. Son meros códigos postales. La información que países como Panamá tienen de las sociedades «offshore» es muy escasa. Su rastro, un laberinto

De los creadores de «Sin el fisco en los talones», llega una historia de evasión, enredo, amiguismos y triquiñuelas financieras. Una obra maestra de la ingeniería fiscal. «Cuando ellos no pagan, al resto nos sale caro», dicen en el tráiler de «El fiasco del fisco», que no está basada en hechos reales, sino que son hechos reales. Y de máxima actualidad. Los «papeles de Panamá» han dado la vuelta al mundo. Y el goteo de nombres pone la lista patas arriba. Desde políticos y empresarios hasta futbolistas y artistas, la amalgama de propietarios de sociedades «offshore» resulta tremendamente heterogénea y transversal. Pero, ¿qué son?, ¿cómo funcionan?

Se trata de estructuras societarias complejas que, normalmente, se encuentran domiciliadas en islas o istmos que fueron (o son aún) colonias de los antiguos imperios británico, francés o español, y buscan ahorrar al máximo el pago de impuestos. Tras la descolonización, encontraron en el negocio financiero su forma de prosperar, ofreciendo ventajosas condiciones fiscales y regulatorias.

Los propietarios suelen ser grandes fortunas que buscan ahorrar impuestos de forma legal u ocultar patrimonio o rentas para esquivar a Hacienda. Pese al lógico repudio social contra los defraudadores y a la demonización de los que tienen dinero lejos de su país de residencia, estas sociedades no son ilícitas. Sí sería ilegal que un residente en España, por ejemplo, que haya creado una sociedad de este tipo no declarara en nuestro país las rentas que hubiera logrado con ella. Además, Javier Santacruz, profesor del IEB y gestor de patrimonios, recuerda que si la sociedad tuviera un valor superior a los 50.000 euros el propietario estaría obligado a comunicar su existencia a la Agencia Tributaria a través del «modelo 720» de declaración de bienes en el extranjero.

El símil resulta muy atractivo, pero crear una sociedad «offshore» no es sinónimo de fraude fiscal,siempre que su propietario se encuentre al corriente de sus obligaciones tributarias. Si cuando se publicó la famosa «lista Falciani» de clientes de HSBC en Suiza –que presuntamente habían cometido evasión de capitales– sólo pudo demostrarse que el 7% de los implicados había incurrido en un delito, seguramente en unos meses veamos que la mayoría de los clientes del despacho Mossack Fonseca no han defraudado.

La principal función de estos despachos es la de crear, gestionar y supervisar de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Así, la labor más significativa de Mossack Fonseca pasa por ser administrador de las «offshore» creadas en Panamá. Dos de los requisitos irrefutables a la hora de fundar una empresa son tener un administrador y que éste resida donde se crea. En los países con mayor tráfico de empresas surgen bufetes y despachos especializados en ofrecer al cliente todos los servicios necesarios, y el mayor requerimiento es que estos despachos ejerzan de administrador residente, que les lleven las cuentas y que les hagan las respectivas liquidaciones de impuestos sin necesidad de que el propietario se desplace.

«Los españoles con sociedades “offshore” no tienen que desplazarse cada año a firmar cuentas o a liquidar impuestos. Mossack Fonseca lo hace por ellos», asevera Santacruz. Asimismo, el testaferro cobra especial relevancia, ya que mediante un contrato privado con el propietario de la sociedad es el que figura en todos los papeles y el que firma para evitar que lo haga directamente el accionista.

En Gibraltar o en las islas del Canal un mismo edificio puede albergar hasta 100 empresas de este tipo. Son meras placas, habitaciones vacías. Para poder operar desde un paraíso fiscal basta con tener un código postal. Y ahí funciona muy bien el modelo «sociedad matriz-filiales».

Despachos como Mossack Fonseca asesoran en la creación y gestión de empresas «offshore». Pero si lo que realmente pretende el contribuyente es defraudar y ocultar su patrimonio, también pueden asesorarlo. «Consiste en crear muchas sociedades en diferentes sitios, y que cada una sea accionista de la otra para esquivar a Hacienda». Santacruz sostiene que los lugares donde se crean las sociedades dependen del grado de cercanía al foco de su negocio.

Aunque Panamá es un «paraíso fiscal» para algunos países, no lo es para España. Se trata de una zona estratégica. El tráfico de mercancías desde el Atlántico hacia el Pacífico y, sobre todo, el Canal de Panamá lo convierten en un enclave transcendental para hacer negocios y en el epicentro financiero de Centroamérica.

«Si un gobierno abruma con impuestos, los contribuyentes se ven tentados a evadir», escribía el Nobel Vargas Llosa en «La civilización del espectáculo». Y Santacruz remarca que los «paraísos fiscales» existen porque hay «infiernos fiscales», y que con ellos no se acaba mediante decreto, intercambios automáticos de datos fiscales (la ley FATCA de USA) o decisiones del G-20.

Al menos 1.200 sociedades, 558 accionistas, 166 clientes intermediarios y 89 beneficiarios con remitente español aparecen en los «papeles de Panamá». Mossack Fonseca intentaba sortear los requerimientos de información solicitados por las autoridades tributarias, según los 11,5 millones de documentos internos de la firma panameña a los que se ha tenido acceso. Y en el caso de España, el director del departamento de Gestión de la Agencia Tributaria, Rufino de la Rosa, garantizó que usará todos los medios a su alcance para investigarlos. No obstante, buena parte de los españoles salpicados se acogió a la amnistía fiscal y disolvió las sociedades.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insistió en que la nueva obligación de declarar los bienes en el extranjero ha logrado aflorar 127.113 millones de euros que 192.000 contribuyentes españoles tienen en otros países. Y más allá de que calcular el montante de la recaudación tributaria bajo el supuesto de que no existieran los paraísos fiscales resulte tremendamente complejo, debido a la opacidad de estos territorios, algunos economistas han tratado de estimar a cuánto asciende el dinero allí depositado. Un 10% de toda la riqueza de Europa podría estar en paraísos fiscales. Extrapolando los datos a España, supondría que 100.000 millones se encuentran ocultos en paraísos, lo que implicaría una pérdida de recaudación anual de 35.000 millones.

Ignacio Ruiz-Jarabo, ex director general de la AEAT, explica que aunque estas sociedades «offshore» se constituyan en Panamá, no pueden realizar actividad alguna en ese país, ni tener empleados, ni acceso a subvenciones. Tampoco pagan impuestos allí, al margen de la tasa de constitución y de la cuota anual de mantenimiento, ni han de presentar declaración tributaria. La información de la que dispone Panamá sobre estas sociedades es muy escasa y poco relevante.

A partir de la opacidad inicial conseguida con la «offshore» y de la complementaria lograda con los servicios auxiliares, «los propietarios de las sociedades pueden “esconder” su patrimonio y sus ingresos. Ahí surge la posibilidad de cometer infracciones y/o delitos tributarios difíciles de detectar, perseguir, demostrar y sancionar o condenar». Pese a que la constitución y mantenimiento de una sociedad “offshore” no sea ilegal, supone un indicio bastante obvio de la intencionalidad de defraudar. “¿Qué ciudadano decide montar una sociedad de este tipo si no es para aprovecharse de las opacidad que brinda?», se cuestiona Ruiz-Jarabo.

En la medida en que las sociedades representan un instrumento de evasión, despachos como el de Mossack Fonseca están expandiendo el uso de un vehículo potencialmente defraudatorio. «He ahí la amenaza para la Agencia Tributaria». Ruiz-Jarabo considera que el sistema tributario panameño es muy laxo. «Si Panamá realizara un esfuerzo para obtener la información que ahora no tiene y dársela a la AEAT acabaría con su condición de centro internacional “offshore” y mataría a su gallina de los huevos de oro», apostilla.

Crear una sociedad «offshore» lleva menos de 48 horas y, aunque los costes dependen del despacho y del lugar (en algunos países es gratuito), por apenas 100 euros pueden mantenerse. Santacruz revela que la sociedad «offshore» se convierte en la accionista principal del resto de compañías que están operando en distintos países. «El ahorro de impuestos recae tanto en la matriz como en las sociedades que dependen de ella. Y, por supuesto, en los accionistas». El gestor de patrimonios desgrana el proceso, paso a paso:

- Se crea una estructura societaria.

Mínimo un socio, un administrador, un domicilio social, un capital inicial y una tesorería. Lo más sencilla posible (el equivalente en España a una sociedad limitada) en un «paraíso fiscal» que elija el cliente o su asesor (por ejemplo, despachos como el de Mossack Fonseca).

- Se registra la sociedad.

Se le da un código de identificación fiscal y se le crea una cuenta bancaria. De esta forma, la sociedad se pone en funcionamiento. Se trata de un procedimiento formal que no implica que la empresa constituida tenga actividad. La mayoría no pasan de ser placas en la puerta de un edificio de oficinas.

- Operativa en el resto del mundo.

De la matriz se crean filiales que cuelgan de ella con administradores que son personas de confianza del cliente o del asesor fiscal. Éstos se convierten en accionistas de los negocios en los diferentes países, tributando a un tipo muy bajo y diluyendo dicha tributación entre todas las filiales.

- Sin necesidad de dar la cara.

La confidencialidad permite que el cliente no necesite desplazarse a Panamá o a cualquier otro sitio. El asesor fiscal, que ejerce las funciones de domicilio social y administrador, realiza todos los trámites anuales de presentación de cuentas, junta de accionistas, liquidaciones fiscales...