Energía
La eléctrica pública catalana pide cerrar ya las nucleares
Pese a las advertencias de la patronal Foment, que exige al nuevo gobierno regional mantenerlas abiertas diez años más por seguridad
«Cataluña tiene el reto de avanzar hacia la autosuficiencia energética (...) Nuestro país tiene también la opción de prescindir de la energía que se obtiene de las centrales nucleares, que llevan asociado un gran riesgo».
La declaración de intenciones de la empresa pública L’Energètica montada por la Generalitat de Cataluña podría no sorprender viniendo de una generadora y distribuidora de energía renovable. Lo sorprendente es que las renovables generaron apenas un 6,4% del suministro total de energía y un 5,9% del consumo total en Cataluña, según el Instituto Catalán de Energía.
¿Qué tecnología alumbró Cataluña entonces? Más del 84% de la generación fue «no renovable», con una cuota de más del 57% para la nuclear y de más del 18% para el gas (ciclos combinados). Del apenas 15% de producción bruta renovable, el 6,8% fue hidroeléctrica, superando a la eólica y triplicando a la fotovoltaica, según la misma fuente.
La Generalitat catalana logró el pasado diciembre el permiso de la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC) para lanzar comercialmente L’Energètica, su gran empresa pública de luz con la que el Gobierno del saliente Pere Aragonès pretendía alcanzar la «soberanía» y la «autosuficiencia energética» de Cataluña con renovables, pese a que la Generalitat no tiene potestad sobre ninguno de estos asuntos.
Hoy en día, esta empresa tiene participaciones en parques eólicos como Pebesa y Trucafort, considerados obsoletos por su antigüedad y necesidad de repotenciación, y está desarrollando proyectos fotovoltaicos en cubiertas edificios públicos.
Según figura en su página web, la empresa pública plantea la opción de prescindir cuanto antes de la energía que obtiene de las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellós II, todas en Tarragona, «que llevan asociado un gran riesgo», un punto cuando menos polémico porque la Generalitat no tiene potestad sobre el calendario de cierre de los reactores –que el Gobierno central acordó con las compañías eléctricas propietarias– ni sobre el procedimiento de desmantelamiento de las centrales, cuyo presupuesto depende de un fondo que gestiona el grupo Enresa, empresa que forma parte de la SEPI.
Tres de los siete reactores operativos en España están en Cataluña. Localizados en la provincia de Tarragona, generaron 23.984,9 gigavatios de electricidad en 2023, representando un 57,6% de la generación total de Cataluña (41.620,2 GWh), según Red Eléctrica. Esta producción nuclear supuso más de la mitad (53,4%) del consumo eléctrico de la comunidad autónoma (44.894,2 GWh) en 2022. Con la clausura, la red de generación catalana perderá sus 3.033 MW de potencia instalada y su sustitución por renovables supondría un ejercicio casi irrealizable antes del cierre.
En Cataluña, una instalación fotovoltaica genera de media 1,3 GWh/año por cada MW instalado. En 2022, sus 298 MW instalados de esta fuente energética generaron 384,7 MWh. Mientras, Ascó I, Ascó II y Vandellós II, con sus 3.033 MW instalados, han generado 23.984,9 GWh. Es decir, que generaron 7,9 GWh de media por cada MW instalado, lo que supone un rendimiento seis veces superior al de las plantas fotovoltaicas.
El presidente y consejero delegado de L’Energètica, Ferran Civit, periodista y antropólogo, estrenó la compañía pública anunciando que ofrecerá suministro a todos los municipios catalanes para avanzar en la transición energética y combatir la pobreza energética que afecta al 13,7% de hogares. La Generalitat pretende invertir 1.000 millones hasta 2040, el coste para alcanzar los 1.000 MW y lograr que el suministro público sea 100% de origen renovable.
La idea a futuro es cubrir todos los tejados de Cataluña con placas solares, ¿pero y qué pasa con la potente industria electrointensiva catalana, que necesita electricidad a discreción y lo más barata posible? Los empresarios catalanes ya han alertado por activa y por pasiva de lo que se viene encima con el apagón nuclear en Cataluña. La patronal Foment del Treball ha pedido esta misma semana que las centrales nucleares catalanas estén operativas diez años más como garantía de suministro.
Los empresarios expresaban su preocupación por la política energética y por el retraso en la transición a fuentes renovables, recordando que Cataluña está por debajo la media europea y española en la implantación de energía renovable. El presidente de la organización, Josep Sánchez Llibre, lamentaba que «Cataluña está en una situación energética tan crítica que no le permitirá cumplir con los objetivos europeos».
Foment presentado una batería de 13 medidas de política energética que planteará al gobierno autonómico por conformar. Pese a que la Generalitat no tiene competencia para decidir sobre la fecha de cierre de las centrales situadas en esa comunidad autónoma, los empresarios catalanes consideran que el gobierno regional debería solicitar la ampliación de la operativa de las centrales nucleares, para garantizar la seguridad de suministro a la industria y a los sectores productivos.
Foment también plantea desarrollar con celeridad el biogás; impulsar plantas de biometano; acelerar el desarrollo del hidrógeno renovable; reforzar el sistema energético con la cogeneración de alta eficiencia y los ciclos de gas; apostar por potenciar el almacenamiento energético, promover las redes de interconexión energética con Francia y con otras comunidades autónomas y reforzar el sistema energético con la cogeneración de alta eficiencia
«Sólo un 15% de la energía generada en Cataluña procedió de fuentes renovables, frente al 50% del Estado», remarca Foment. Sánchez Llibre ha denunciado que el gobierno regional se comprometió a tramitar 3.000 MW de proyectos renovables en este mandato y apenas ha alcanzado 1.692 MW, «poco más del 50%». Por eso se muestran «preocupados porque la política energética de Cataluña no apuesta por grandes parques fotovoltaicos o eólicos ni por la interconexión de redes, y tampoco quiere ampliar la operación a largo plazo de las centrales nucleares y pretende, al mismo tiempo, descarbonizar el sector petroquímico y la gran industria».
¿A qué se debe este retraso? «Aquí todo el mundo quiere ser sostenible, pero nadie quiere molinos ni placas solares. No se implementan las renovables por el impacto visual y sobre el terreno, denunciaba recientemente a este diario Marc Altés, cofundador de Econucleares, la primera organización ecologista española favorable a la energía nuclear.
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La eléctrica pública «secesionista» apuesta además por intervenir los precios, gestionar las hidroeléctricas cuando vayan expirando las concesiones, pese a que pasarían al Estado central, y reducir el peso de las energéticas privadas. Un absurdo, habida cuenta de que Cataluña consume hoy –con los tres reactores nucleares operativos – más energía de la que consume, llegada sobre todo de Aragón. Alcanzar un modelo descarbonizado en Cataluña para 2050 supondría implementar 62.000 MW renovables, lo que implica multiplicar por 18 la potencia. Para compensar el cierre de nucleares en Cataluña, se necesitarían 18.450 MW de potencia instalada de paneles solares, algo así como multiplicar por 62 las instalaciones actuales de Cataluña de más de 10.000 millones.
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