El plan verde del Gobierno costará 47.200 millones a las arcas públicas

El Ejecutivo quiere que la iniciativa privada despliegue hasta 2030 una inversión de 188.800 millones de euros.

El Gobierno lo tiene claro: el futuro es la España verde. Y para ello pretende dar prioridad a su apuesta por la transición ecológica, la economía libre de carbono y el desarrollo de la economía sostenible, aunque sin concretar cuál será el camino que tomará para ello ni consignar con concreción cómo va a financiarse esa transformación. Lo único que han especificado es lo que va a costar este proceso: 236.000 millones de euros, de los que 47.200 millones tendrán que salir de las arcas públicas.

El Plan de Estabilidad 2019-2022 presentado en Bruselas la semana pasada confirma la pretensión del Ejecutivo de desarrollar la Agenda del Cambio, que no es otra cosa que la gestión activa de la transición ecológica para el cumplimiento de los objetivos de España en la lucha contra el cambio climático, adquiridos en los compromisos de París y de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

El borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, recogido en el Plan de Reformas 2019, establece el marco para el cumplimiento de estos objetivos con la fecha límite del año 2030. Como resultado, el Gobierno presenta unas optimistas cifras de gasto, pero sin confirmar asignaciones y dejando la mayor cuantía, el 80%, a la inversión privada, 188.800 de los 236.000 millones de euros que se deberán gastar entre 2021-2030. Las compañías eléctricas y los operadores del sistema energético y gasista –entre los que se encuentran Iberdrola, Enagás, Naturgy, Red Eléctrica, Cepsa o Repsol– tendrán que centrar su mayor apuesta durante la próxima década en la inversión en renovables y energías limpias.

Según las previsiones gubernamentales, el ahorro y los cambios en el mix energético tendrán un efecto positivo en el PIB, que aumentaría entre 19.300 y 25.100 millones de euros entre 2021 y 2030, y se crearían entre 250.000 y 364.000 empleos netos. De este modo, pretende sacar provecho «a las oportunidades que tienen la economía circular, la eficiencia energética, la transformación de la agricultura y la economía azul, como vectores de modernización de las economías avanzadas», apunta textualmente el plan.

Para hacer frente desde el ámbito público a esta transición, en una primera fase el Gobierno podría recurrir a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) para el período 2014-2020 y partidas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), el Fondo Social Europeo (FSE), el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). De ellos, una gran parte iría destinada a políticas medioambientales. En concreto, los 5.823 millones destinados al desarrollo de la economía baja en carbono y los 4.706 millones incluidos en las partidas concretas de medio ambiente, en total 10.529 millones. En el Consejo de Ministros anterior a las últimas elecciones generales, ya se aprobó una primera batería de ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética y a la movilidad sostenible por importe de 987 millones procedentes de los citados fondos europeos. A esta cantidad se sumaron 507 millones para programas de descarbonización para municipios y entidades locales y 480 millones que ya se habían movilizado para otros planes medioambientales.

Sin embargo, el Gobierno deberá reforzar esa ayuda con financiación propia, que saldrá, mayoritariamente, de una mayor presión fiscal y de las subidas de gravamen a impuestos indirectos a los hidrocarburos, las tasas ambientales, la electricidad o el carbón, entre otros. Y para empezar, en la partida de ingresos no financieros totales consignados en el Plan de Estabilidad, el Gobierno aspira a recaudar este año 1.000 millones de euros por fiscalidad ambiental. También se incrementarán las imposiciones a los gasóleos, con una subida de 38 euros por cada 1.000 litros.

El Ejecutivo también iniciará el desarrollo del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que configura el marco regulatorio para facilitar la progresiva adaptación de nuestra economía a las exigencias climáticas. Su objetivo: alcanzar una reducción del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y del 90% en 2050 respecto a 1990; el consumo de energía renovable del 35% en 2030; un sistema eléctrico con al menos un 70% de generación limpia, para alcanzar el 100% en 2050 y la mejora de la eficiencia energética de un 35% con respecto a línea de base. Unos objetivos que necesitan una financiación milmillonaria que, por ahora, está en el aire y dependiente de la inversión privada.