El fondo anticrisis de la UE sólo pagaría 10 días de pensiones en España

Bruselas reservará apenas 3.400 millones para países en apuros. Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona alcanzan un acuerdo de mínimos presionados por los países del norte, reacios a ayudar más a los del sur.

Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el llamado Eurogrupo, han preferido el pájaro en mano, que ciento volando. De madrugada, consiguieron consensuar un nuevo instrumento anticrisis, aunque queda muy lejos de lo esbozado por Francia y el Ejecutivo europeo en su propuesta inicial, con una cantidad casi ridícula. El Eurogrupo se ha limitado a aprobar un fondo que contará con una partida de tan sólo el 20% del nuevo presupuesto comunitario. En total, unos 3.400 millones de euros.

Esta cantidad, que en teoría debería servir para auxiliar a los países de la eurozona en crisis, supone apenas un tercio de los 9.700 millones de euros que España gasta cada mes en pensiones, es decir, apenas 10 días de prestaciones. Según valoró ayer el comisario de Economía, Pierre Moscovici, este acuerdo «es un primer paso, más simbólico que significativo».

España es uno de los países que más había batallado para que esta nueva hucha europea se dedicara a mantener las inversiones en momentos de crisis con el objetivo de evitar peligrosas espirales como las sucedidas en nuestro país tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando la caída de la inversión pública acabó agravando la crisis. Nuestro país incluso pretendía que este fondo con dinero europeo pudiera sufragar (al menos en parte) las prestaciones de desempleo de un país en apuros para no sofocar sus arcas públicas.

Pero los «halcones» del norte, liderados por Holanda, se han opuesto de manera contundente a esta posibilidad al asegurar que este fondo debe utilizarse para promover inversiones que redunden en reformas que impulsen la economía y no como coartada, precisamente, para postergar reformas a veces difíciles. Los países del sur se han acabado conformando con introducir estos elementos anticíclicos por la puerta de atrás.

A este 20% de reserva para países en apuros se le añade cierta flexibilidad en el dinero que cada Estado debe aportar. Estas inversiones se sufragarán en un 25% con los fondos de cada país, una cantidad que puede variar según la situación económica, y reducirse a la mitad en caso de crisis severa. Los detalles, sin embargo, se deben seguir puliendo.

Hace unos meses, España amenazaba con vetar el acuerdo si esta nueva herramienta no era lo suficientemente ambiciosa. En cambio, en las últimas semanas la delegación española se ha dejado llevar por el pragmatismo, consciente quizá de las dificultades de adoptar posturas maximalista, con mucho que perder y poco que ganar. «Para nosotros era muy importante tener elementos que garantizasen que este fondo podía tener una actuación contracíclica, aunque la magnitud del fondo en sí no tenga un impacto macroeconómico material significativo. Pero es un punto de partida que sí puede ser el embrión de un instrumento con un impacto más significativo en el futuro», aseguró ayer la ministra en funciones Nadia Calviño, queriendo ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío.

A pesar de estos avances, quedan varios aspectos en el tintero. Francia y Alemania quieren que los países de la zona euro puedan aumentar sus contribuciones mediante un tratado intergubernamental que daría una mayor potencia al fondo y también mayor flexibilidad, pero los halcones se resisten a desembolsar más dinero. Una vez se apruebe el nuevo marco presupuestario, los países deberán presentar cada año su plan de reformas e inversiones que serán sufragadas con este fondo y que deberá recibir el visto bueno del Eurogrupo. Los países del sur han conseguido que no se necesiten cumplir requisitos adicionales para acceder a esta hucha, más allá de las recomendaciones que ya efectúa la Comisión Europea cuando analiza los presupuestos y los planes de reformas de los países de manera regular.