El botín de la red Marsans: 9 millones y 50 coches de lujo

La punta del iceberg de la «operación Crucero» fue la detención, el pasado lunes, del ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y de otras ocho personas, pero el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el fiscal Daniel Campos ya llevaban meses intentado frenar la sangría patrimonial del grupo Marsans que, para burlas a sus acreedores, habría orquestado Ángel de Cabo de mutuo acuerdo con el propio Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, anteriores propietarios del conglomerado empresarial. Esa silenciosa labor de rastreo de los bienes de Marsans ha permitido hasta el momento inmovilizar más de once millones de euros del grupo (fundamentalmente en manos de De Cabo, experto en gestionar empresas en quiebra), a los que hay que añadir más de una docena de inmuebles, dos kilogramos de oro incautados en lingotes y monedas y decenas de obras de arte, muebles y piezas de caza de considerable valor.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el «botín» de Marsans del que hasta ahora se ha podido incautar la Policía incluye dos millones de euros en efectivo y una decena de cheques por importe de casi 2,8 millones, además de 4,9 millones bloqueados en una cuenta en Suiza de la que es titular De Cabo.

Del patrimonio de los imputados también se han intervenido dos kilos de oro en lingotes (uno encontrado en casa de Díaz Ferrán) y monedas, hallados en los ocho registros domiciliarios, e incontables obras de arte contemporáneo, mobiliario y piezas de caza. Especialmente relevante es el parque móvil incautado, de más de medio centenar de vehículos, que incluye dos Rolls-Royce; un Bentley Continental; un Ferrari Sessanta y otro Scaglietti, un Ford Lincoln Limusina; dos Cadillac Escalade; dos Porsches Cayenne; y varios BMW (series 7, 6 y X5) y Mercedes Benz modelos GL-500, R-320, CLK-270 y C-220, entre otros, valorados en conjunto en más de dos millones de euros.

A estos bienes hay que añadir el barco Lequar III, que Díaz Ferrán intentó vender a De Cabo (una operación que fue paralizada por el juez Velasco), y cuya valoración es de cuatro millones de euros, y más de una decena de fincas e inmuebles cuyo valor en el mercado suma varios millones de euros.

En cuanto a los cheques bancarios bloqueados por orden judicial, dos del Banco Sabadell (uno por importe de dos millones y otro de más de 300.000 euros) fueron hallados en un vehículo de Susana Mora, la secretaria de De Cabo (también imputada). Ambos están librados por un representante de Trapsatur, una de las empresas de transporte vinculadas al grupo Marsans. La celeridad de la intervención judicial ordenando a la entidad bancaria que no se hiciesen efectivos y se retirase la provisión de fondos permitirá ahora ejecutar ese montante e incorporarlo al proceso concursal para que los acreedores puedan recuperar parte de su dinero.

Igual suerte correrán los casi cinco millones bloqueados en una cuenta suiza de De Cabo. En este caso, señalan fuentes de la investigación, fue la Fiscalía helvética la encargada de ordenar el bloqueo a cuenta de otro procedimiento investigado por la Justicia española, Nueva Rumasa. Este montante procedería de la empresa irlandesa, supuestamente controlada por De Cabo, Astra Worldwide International Leasing LTD, a la que habrían ido a parar los 33,8 millones abonados por Airbus en una operación reseñada en la resolución en la que el juez envió a prisión a Díaz Ferrán. Fuentes de la investigación no tienen dudas de que, finalmente, esa cantidad se aplicará al concurso de Marsans y no al de Nueva Rumasa.

A instancias del fiscal Campos, el juez Velasco ha emitido ya más de una docena de mandamientos a diferentes Registros de la Propiedad para inmovilizar diferentes bienes inmuebles de la «trama Marsans» e impedir así que los imputados (fundamentalmente De Cabo) puedan disponer de ellas con libertad. Pese a que una modificación de la Ley Hipotecaria de 2003 ha facilitado mucho estas actuaciones judiciales, la dificultad con la que se encuentra la Audiencia Nacional reside en que la titularidad registral de estos inmuebles (además de fincas, apartamentos y varios locales, algunos en la céntrica calle Velázquez de Madrid) corresponde a sociedades, y no a personas físicas. Como la persona embargada no es, formalmente, titular de los inmuebles, los registros suelen plantear problemas a la hora de plasmar las órdenes judiciales de prohibición de disposición de todos esos bienes.

Obras de arte y trofeos de caza

«El dinero y los cheques se ejecutarán inmediatamente y será la administración concursal la que vaya vendiendo los bienes y liquidando a los acreedores», aseguran las fuentes consultadas. «Lo complicado será delimitar a qué concurso se aplica cada inmueble», añaden (además del de Marsans, se encuentran en la misma situación Díaz Ferrán y Pascual, este último proceso pendiente de que sus hijos acepten la herencia).

Respecto a las obras de arte y los numerosos muebles y piezas de caza (elefantes, osos y colmillos de marfil, entre otros), los administradores concursales creen que se podrán vender con bastante facilidad, aunque el montante final que se obtenga por esa venta es incierto. Todos esos objetos se encuentran en la actualidad custodiados en una nave industrial de una de las sociedades de De Cabo en Valencia.