Las deudas acumuladas por España por los laudos renovables se han duplicado en menos de dos años: rozan los 1.900 millones de euros

Las deudas acumuladas por España por el impago de indemnizaciones millonarias a inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables tras la Gran Recesión rozan ya los 1.900 millones de euros. Según recoge el portal “Spanish Renewable Debt”, la deuda total acumulada asciende a 1.870 millones, de los cuales 1.562 millones corresponden al total de las indemnizaciones en fallos contra España, a los que suman 309 millones de intereses de demora y condenas en costas (cuantías que aumentan con el paso del tiempo). A estas cantidades adeudadas también hay que sumarles 71 millones en honorarios de abogados y consultores contratados por España y un daño para la economía española de 7.340 millones de euros.

Los datos aportados por los inversores afectados revelan que la deuda acumulada por España exclusivamente por los fallos en contra se ha duplicado en menos de dos años. Mientras que en octubre de 2022 España adeudaba alrededor de 700 millones de euros, en mayo de 2024 esta cuantía supera los 1.500 millones y sigue aumentando ya que estos laudos llevan aparejados una serie de costes dinámicos.

Asimismo, el "default técnico" invocado en abril de 2023 por los acreedores cuando el fondo Blasket Renewable Investments tomó el control de cuatro títulos de deuda soberana española ha motivado un encarecimiento de 2.100 millones de euros en los intereses abonados por el Tesoro en las subastas de deuda pública, cifra que ascenderá a 4.943 millones si la situación continúa hasta finales de 2024. Por otro lado, el repunte de los costes de financiación afecta negativamente al PIB, reduciéndolo en 2.560 millones en 2023 y en 4.780 millones en 2024, de modo que el impacto macroeconómico sitúa el daño adicional provocado por esta circunstancia en el entorno de los 7.340 millones de euros.

Hasta la fecha, se han concluido 33 de los 50 casos abiertos en contra de España por la retirada retroactiva de las primas ofrecidas por España a los inversores en energía renovable que les generaron pérdidas millonarias, de los cuales el Estado español ha perdido 26 casos. En total, los inversores reclamaron alrededor de 10.000 millones de euros, pero algunos procesos han terminado en desistimientos y otros se han resuelto con el reconocimiento de cantidades inferiores a las planteadas en las denuncias, de modo que la cifra de obligaciones se sitúa en 1.562 millones (1.870 millones incluyendo intereses y costas). Se espera que, una vez se resuelvan todos los casos, el monto final sea de aproximadamente 2.500 millones, aunque esta cifra se incrementará si no se acomete el pago de las indemnizaciones, debido a los intereses de demora.

Tras haber captado 70.000 millones de inversión en renovables al calor de estas primas, "aceptar los pagos y llegar a un acuerdo sería la decisión más beneficiosa para el Estado Español", ha recomendado Nikos Lavranos, fundador de la consultora holandesa NL Investment Consulting durante la III Conferencia internacional sobre energía renovable, inversión y seguridad jurídica. "Hay razones muy poderosas para llegar a un acuerdo: limpiar el nombre de España, pasar página y seguir captando inversión renovable. España estaría en mejor compañía si en lugar de militar con los países que no están pagando sus laudos como Venezuela y Rusia, sí llegara a acuerdos como otros Estados miembros de la UE", ha añadido. España ocupa la primera posición de laudos (fallos que pone fin al procedimiento arbitral) incumplidos, concentrando el 25% por delante de Venezuela y Rusia, pero podría acaparar el 50% entre 2024 y 2025.

Asimismo, los inversores han puesto sobre la mesa una nueva posibilidad para zanjar los laudos pendientes que España se niega a pagar: reinvertir las indemnizaciones en el país. "Los acreedores han manifestado en numerosas ocasiones que están deseosos de alcanzar acuerdos con España. Además, las compensaciones no siempre se abonan en metálico, se pueden articular en otras soluciones creativas que supongan una reinversión en renovables que puedan articular el futuro verde que quiere alcanzar España. Un 'win win' en el que se pagan los laudos y se desbloquea toda la inversión que no está llegando a España por la inseguridad jurídica está generando el impago. Este tipo de acuerdos además llevan aparejada una cláusula para evitar que se abran nuevas reclamaciones", ha explicado Lavranos.

En virtud a los derechos y garantías que brindan diversos tratados internacionales de inversión suscritos por España, caso del Tratado de la Carta de la Energía (TCE), el Convenio del Ciadi o diversos acuerdos bilaterales de inversión, los empresarios e inversores afectados presentaron más de 50 denuncias, convirtiendo a España en el país con mayor número de litigios internacionales en su contra. La Abogacía del Estado España ha intentado, sin éxito, a través de numerosos recursos, que estos casos se anulen. Incluso ha presionado a la Comisión Europea para que declare el eventual pago de indemnizaciones como una forma de “ayuda de Estado”.

Dado que España se ha negado a resolver cualquier reclamación y sigue manteniendo los laudos en una situación de impago, los inversores han comenzado a reclamar medidas punitivas contra el Reino registrando los laudos en terceros países, caso de Gran Bretaña, Australia o Estados Unidos. Los procedimientos legales que se están dirimiendo en el extranjero pueden resultar en el embargo de hasta 400 propiedades del Reino de España, según información facilitada por las empresas afectadas. En concreto, la lista de activos potencialmente embargables asciende a cerca de 5.000 millones de euros, aunque la intención de las empresas es evitar esta vía y llegar a un acuerdo que suponga la reinversión de las cantidades adeudadas.

Estos procesos ya han resultado en el embargo cautelar de activos soberanos de España ubicados en Reino Unido, caso de la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una oficina de la UNED, una sede de promoción económica ligada a la comunidad autónoma de Cataluña o una cuenta bancaria. Asimismo, se ha intervenido de forma parcial el derecho de cobro de la indemnización por la catástrofe del barco petrolero Prestige, valorado en más de 900 millones de euros. Por otro lado, en Australia ya se ha emitido una sentencia de la Corte Suprema que avanza procesos similares orientados a resarcir a las empresas denunciantes, mientras que en Estados Unidos hay casi una decena de denuncias en vías de tramitación y se esperan novedades a lo largo del primer semestre de 2024.

Cabe señalar que el pasado mes de abril de 2023 se produjo una nueva escalada en esta problemática, cuando el fondo Blasket Renewable Investments tomó el control de cuatro títulos de deuda soberana española y activó su cláusula de "default técnico" como medida de protección ante los impagos del gobierno. Con esta maniobra se exige el reembolso a los acreedores del importe del principal y de los intereses devengados por estos títulos de deuda, cuya valoración ronda los 1.000 millones de euros. Desde que se anunció esta decisión, el tipo de interés medio de las nuevas emisiones de Letras del Tesoro se ha incrementado notablemente. En los títulos a 3 meses, el salto observado de abril a diciembre de 2023 ha sido del 2,96% al 3,64%; en los bonos a seis meses, el incremento fue del 3,02% al 3,65%; en las Letras a nueve meses, el tipo se movió del 3,19% al 3,51%; por último, en la deuda a un año, los intereses han pasado del 3,14% al 3,31%.