Notorio varapalo de la Unión Europea a la reforma de las pensiones impulsada por el ex ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, porque no asegura la sostenibilidad del sistema, multiplica por dos el déficit del sistema previsto y no garantiza los fondos necesarios para cubrir las pensiones durante los próximos 25 años. Así lo advierte la Comisión Europea en su Informe de Envejecimiento de 2024, en el que constata que «las medidas adoptadas en 2021 y 2023 conducen a un aumento del gasto público en pensiones de hasta 4,6 puntos porcentuales del PIB en todo el periodo de proyección, que alcanza hasta 2070, es decir, un gasto extra de más de 67.000 millones de euros.

Por eso, España tendría que ajustar un desfase en el sistema del 0,8% del PIB, equivalente a casi 12.000 millones de euros ya que, tras la reforma de pensiones, el gasto promedio anual se elevará al 15,1% del PIB, a lo que se restaría la estimación de ingresos promedio de la Airef del 1% del PIB, lo que deriva en un «gasto neto» del 14,1% del PIB, 0,8 puntos por encima del máximo del 13,3 % del PIB establecido en la cláusula de cierre de la reforma. Como consecuencia de ello, España será el país de la UE con el mayor aumento del gasto en pensiones, provocado por la falta de sostenibilidad entre ingresos y gastos por parte de la reforma aprobada por el Ejecutivo.

Especial crítica recibe la indexación de la subida anual de las pensiones en base al IPC y, sobre todo, la eliminación del factor de sostenibilidad, que ha sido sustituido por el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI). Según censura los expertos de la UE, «no compensa ni garantiza» la sostenibilidad a largo plazo del sistema, ni siquiera con la revisión del periodo de cómputo de la cotización. «El nuevo régimen de bonificación/penalización y el correspondiente aumento de la edad efectiva de jubilación compensan sólo parcialmente este aumento, pero el resto de las medidas adoptadas aumentan el gasto», indica el documento, que duda también del lado de los ingresos.

El informe apunta que crecerán 1,7 puntos porcentuales hasta 2050 y 1,1 puntos hasta 2070, principalmente por el aumento de contribuciones por parte de trabajadores y empresas, por el incremento progresivo de las cuotas, por el MEI, el nuevo sistema de cotización para autónomos, la cuota de solidaridad y la subida de las bases máximas de cotización. Estas contribuciones al sistema representarán un 14,6% del PIB en 2050 y posteriormente retrocederán hasta el 14% en 2070, porcentajes insuficientes para cubrir los gastos del sistema, por lo que el informe calcula que el déficit del sistema alcanzará su nivel más alto en 2053, hasta el 3,1%, el doble de lo que estimaba Escrivá, en torno del 1,5%, para después estabilizarse al 2,7%.

El último golpe del informe a Escrivá apunta a que las reformas impulsadas en 2011 y 2013 por el Gobierno del PP obtendrían un resultado más ajustado entre gastos e ingresos, sobre todo porque no ligaba la subida al IPC.

Sin embargo, el Gobierno prefiere mantener su relato. "Estas estimaciones de la Comisión Europea no nos sorprenden y están en línea, en cuanto al gasto, con las previsiones del Gobierno", remarcó a ayer el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en declaraciones a los medios de comunicación en Washington, en el marco de las asambleas del FMI en las que ha participado esta semana.

Para el ministro, las previsiones de Bruselas para España hasta 2050 suponen solo una décima más respecto a lo estimado por el Gobierno, por lo que no anticipa "ninguna necesidad de ajuste adicional" el año que viene, después de que la previsión de gasto publicada ayer por la Comisión Europea apunte a un desfase en el sistema de pensiones de casi 12.000 millones de euros. "La reforma tiene una cláusula de sostenibilidad incluida que hace que la Airef tenga que realizar la comparación de este gasto también comparado con la evolución de los ingresos y a partir de ahí ver si se necesitan medidas adicionales o no".

La reforma de pensiones aprobada la pasada legislatura incluyó una denominada clausula de cierre que empieza a operar desde 2025 y que se basa en las cifras de proyección de gasto en pensiones del informe de envejecimiento de Bruselas, publicado ayer, y en la estimación del impacto de las medidas de refuerzo de ingresos de la Airef.

Según Cuerpo, las cotizaciones están siendo un punto positivo adicional, con lo que desde el Ejecutivo no se anticipa ninguna necesidad de ajuste adicional, por lo que esperarán y trabajarán junto a la Autoridad Fiscal y la Comisión en la valoración del año que viene. "Y este es el marco en el que nos estamos moviendo: un marco de garantizar precisamente la sostenibilidad de las pensiones, pero también garantizar, en este caso, que las pensiones vayan evolucionando acorde a la evolución de la inflación", concluyó.