La Dirección General de Consumo, integrada en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se ha puesto en contacto con las principales cadenas de supermercados e hipermercados españoles para comprobar que aplican la reducción del IVA al 0%, tal y como decretó el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio y cuyo cumplimiento es obligado desde el pasado 1 de julio.

Esta actuación viene por la recepción de una denuncia de Facua, que lleva meses señalando posibles subidas en los márgenes de beneficios de los supermercados en la venta de aceite de oliva y potenciales distorsiones de precios. Esta denuncia también ha sido trasladada a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que pueda contribuir a esclarecer posibles distorsiones en el mercado, aunque la obligación de la Dirección General de Consumo es comprobar que la reducción del IVA al 0% está siendo aplicada íntegramente por los supermercados.

La información recabada a lo largo de estas actuaciones también será remitida al Observatorio de la Cadena Alimentaria dentro de la estrategia de “transparencia y claridad” en la conformación de precios de los alimentos que está llevando a cabo el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con el objetivo de proteger a los consumidores y medir el impacto positivo de las medidas y políticas públicas adoptadas por el Gobierno.

Asimismo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha señalado que “esta iniciativa amplía las actuaciones en curso para asegurar que la bajada del IVA repercute íntegramente en las personas consumidoras y no va en ningún caso a alimentar el margen de beneficios de los distribuidores minoristas”.

Bustinduy ha mostrado públicamente en varias ocasiones su “preocupación” por la escalada en el precio de un producto básico como es el aceite de oliva y su “determinación” para actuar si las diligencias realizadas muestran que los supermercados no están aplicando correctamente la rebaja del IVA a las personas consumidoras.

De esta forma, esta nueva acción se suma a las actuaciones realizadas por la Dirección General de Consumo que ya requirió hace unos meses a las principales operadores de distribución minorista toda la información disponible para poder comprobar que se estaba respetando la bajada del IVA al 5% aprobada en el escudo social por el Gobierno.