Las comunidades del PP denuncian que Puente dejará sin servicio de autobús a más de 3,2 millones de personas con su nuevo mapa concesional

Los consejeros de Transportes de las comunidades autónomas gobernadas por el PP han mandado una carta al ministro de Transportes, Óscar Puente, para convocar de forma urgente una conferencia sectorial con el fin de debatir el nuevo mapa concesional para rutas estatales propuesto por el Gobierno y que el PP cree que dejará sin autobús a más de 3,2 millones de personas, lo que, en su opinión, comportará un alto impacto “social, territorial y económico” para la España rural.

El PP rechaza el nuevo mapa concesional de transporte por carretera porque "elimina rutas, paradas y servicios, incrementa trasbordos, no tiene en cuenta la diversidad territorial y no se ha debatido en el seno de la conferencia sectorial".

En concreto, el nuevo mapa elimina 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas, lo que supone que habrá 1.417 municipios sin parada, según esgrime el principal partido de la oposición.

En su misiva, recuerdan que el nuevo mapa concesional debe debatirse en la conferencia sectorial, que no se convoca desde julio de 2022 cuando por reglamento su convocatoria debe realizarse cada 6 meses. "La no convocatoria de la sectorial es un patrón general de actuación del Gobierno, que se niega a convocarlas en tiempo y forma para luego hacerlo sin la información ni documentación adecuadas. En opinión del PP, la falta de cogobernanza y los ataques a los mecanismos institucionales de interlocución entre el Gobierno y las CC.AA. son constantes", critican.

Costes

El objetivo del Gobierno con este nuevo mapa concesional es simplificar la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.

Para responder a la demanda de los usuarios que se suben al autobús en las paradas intermedias de esos pueblos o ciudades pequeñas, el Gobierno pretende que sean las comunidades las que presten los servicios autonómicos necesarios para conectar esas paradas con ciudades más grandes, donde sí pararán las rutas estatales. Para ello, el Estado transferirá 40 millones de euros a las autonomías -25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos-, pero el PP ha calculado que el gasto real de asumir esas líneas autonómicas será de 110 millones de euros anuales y que lo prometido por el Gobierno será un pago para dos años y, además, temporal.