Competencia solo admite a trámite las alegaciones del Sabadell a la OPA de BBVA

El camino de cara a una resolución de la OPA de BBVA sobre banco Sabadell se despeja en segunda instancia. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha decidido rechazar la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por diferentes organizaciones empresariales -la gran mayoría de Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia- que se personaron en el inicio de la fase 2 en el expediente abierto a la operación. Según fuentes consultadas por LA RAZÓN únicamente ha admitido a trámite la petición presentada por el Sabadell, que apenas 24 horas después de que la CNMC decidiera alargar el análisis a fase 2 -lo que complica que culmine la OPA y permitía abrir la presentación de alegaciones- se personó como parte activa del proceso y presentó su recurso contrario a la operación.

Las entidades que quisieron presentar sus alegatos dispusieron de un plazo de diez días para hacerlo, aunque Competencia ya advirtió de que solo admitiría las alegaciones que representaran intereses legítimos en el proceso. Entre las patronales que decidieron dar el paso se personó la patronal catalana Foment del Treball, que ya ha recibido la comunicación del rechazo a su alegación. Fuentes del organismo de Mercados han confirmado que ya se han enviado muchas comunicaciones con la negativa de admisión, y que en los próximos días llegará al resto, que sumarán casi 80 recursos rechazados, correspondientes a asociaciones empresariales como Cecot, Pimec, Cambra de Comercio de Barcelona o el Ciesc, además de otros organismos oficiales, como la Autoridad Catalana de la Competencia o los sindicatos UGT y CCOO.

Tras anunciar el paso a fase 2, la CNMC justificó su decisión porque veía insuficientes los compromisos adquiridos por BBVA para lanzar su OPA, además de advertir sobre el riesgo que pueden sufrir el crédito de las pymes por un empeoramiento de las condiciones al no disponer " de toda la información" al respecto, dando a entender que la oferta de BBVA, en las condiciones en las que ha sido planteada, "puede menoscabar el crédito y comprometer las condiciones comerciales y de competencia en este sector" y, por ello, descartó autorizarla en primera fase.

Esta decisión de la CNMC provocó una respuesta inmediata por parte de BBVA, que presentó de inmediato una batería de medidas que consideró "inéditas" para garantizar la inclusión financiera, el crédito a las pymes y la competitividad, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana, zonas en las que el impacto de la OPA es mayor. Según argumentó la entidad que dirige Carlos Torres, estos nuevos compromisos mitigan en gran medida los riesgos identificados por la CNMC, "muy focalizados en determinados territorios", si bien el banco continuará colaborando "estrechamente" para culminar "cuanto antes" el acuerdo de compromisos ("remedies") y la autorización del expediente.

De esta forma, BBVA se comprometió ante Competencia a garantizar la continuidad de las líneas de capital circulante (créditos con plazo de terminación o renovación igual o inferior a 1 año) que el Sabadell tuviera vigentes durante 18 meses, salvo deterioro financiero. Durante el mismo tiempo mantendrá todo el volumen de crédito a pymes que no tengan otro proveedor financiero distinto al BBVA o al Sabadell. Para garantizar la inclusión financiera, el BBVA se compromete a no cerrar oficinas cuando no haya otra (del BBVA o del Sabadell) a menos de 300 metros de distancia. Tampoco echará el cierre de sucursales en aquellos códigos postales con un nivel de renta per cápita inferior a 10.000 euros.

Hay que recordar que pese que la operación se esté analizando en esta segunda fase no prejuzga las conclusiones definitivas que la CNMC pueda alcanzar en relación con la operación de concentración. En los supuestos en el que la resolución del consejo de la CNMC sea de prohibición o subordinación a compromisos o condiciones, la operación pasaría al Ministerio de Economía que, a su vez, podría elevarla en un plazo de 15 días al Consejo de Ministros. En esta tercera fase, el Gobierno puede imponer nuevas condiciones, suavizar las de la CNMC o endurecerlas atendiendo a criterios de interés general.

Con su decisión, Competencia reconoció que no basta con el estudio de la operación en una primera fase, como suele hacerlo en la mayoría de los casos y como sucedió con la fusión de CaixaBank y Bankia, sino que en esta ocasión es necesario pasar a una segunda fase de estudio, que se alargará hasta mediados de 2025, aunque los cambios en la cúpula del Consejo de la CNMC, nuevo motivo de discusión y enfrentamiento político, puede retrasar la resolución.