La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera que introducir cambios en el régimen fiscal de las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimis) puede afectar a su cotización e incentivar su deslocalización a otros mercados europeos, por lo que pide cautela en este ámbito.

Fuentes del supervisor bursátil recuerdan que las socimis no son una figura específica de España, sino que están presentes en otros países europeos con regulaciones similares y una fiscalidad especial vinculada a que sean sociedades cotizadas y abiertas a los inversores.

Por ello, señalan las fuentes de la CNMV, introducir cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener "efectos significativos" en su cotización e "incentivar su deslocalización a otros mercados europeos".

Teniendo en cuenta estos riesgos, el supervisor bursátil pide cautela ante las modificaciones que se están estudiando en su régimen fiscal, informa Efe.

El motivo de estas declaraciones en el seno de la CNMV es que Merlin y Colonial no han descartado que entre sus opciones se encuentre abandonar España si finalmente el Gobierno decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades, frente al 25% de tipo general.

Fuentes cercanas a ambas socimis sobre las interpretaciones de los mensajes que han lanzado hoy, no descartan tomar todo tipo de medidas. Preguntadas en concreto por su posible salida del país si se materializa el cambio fiscal, ninguna lo descarta.

El presidente de Colonial, Juan José Brugera, ha afirmado en declaraciones a Europa Press, que la empresa reevaluará su estrategia de inversiones, incluida la "ubicación de sus actividades", al mismo tiempo que Merlin ha lanzado un comunicado en el que defiende que baraja "todas las posibilidades".

La posible eliminación de las socimis supondría una reducción de entre el 7% y el 9% en el beneficio de Merlin Properties y de entre el 1% y el 5% en el de Colonial, según los cálculos del banco de inversión Jefferies, que recuerda que la primera tiene el 88% de sus activos en España y la segunda el 30%.

En su última cuenta de resultados anuales, Merlin dedicaba un capítulo entero a informar de su contribución fiscal, que en 2023 alcanzó los 169,7 millones de euros, de los que un 30,4% (51,5 millones) corresponden a impuestos pagados directamente y un 69,6% (118 millones) a los recaudados.

En cuanto a Colonial, su contribución fiscal el año pasado fue de 151,8 millones de euros, el 55% en España, donde pagó directamente 35,6 millones y recaudó 48,2 millones de euros para entregar a Hacienda.

Sin embargo, las socimis pagan en torno a un 1% del Impuesto de Sociedades frente al 25% del tipo general de las empresas al cumplir ciertos requisitos, por lo que la factura fiscal de ambas, en caso de no existir este régimen, sería muy superior.

Entre esos requisitos está que distribuyan a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

Acuerdo PSOE-Sumar

PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de socimis.

Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades "solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades" y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.

Se trata de una enmienda a una ley que traspone una directiva comunitaria relativa a una reforma del Impuesto sobre Sociedades y que se debate este jueves en comisión y luego irá al pleno.

Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas, aunque sí retienen el impuesto a los dividendos para ingresarlo en Hacienda.

La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores.

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros, informa Europa Press.