La cesión total de los impuestos entregaría a Cataluña 28.000 millones de euros más cada año

El sistema de financiación tendría sus días contados si se consumara la cesión total a la Generalitat de la recaudación del 100% de los impuestos que se generen en la región, tal y como propone Junts en el pacto para apoyar la investidura de Pedro Sánchez y que ha rubricado el PSOE. Esta medida amenazaría el Estado de Bienestar y el propio sistema público al disminuir los ingresos que financian los servicios del país y que tendrían que asumir regiones que ahora reciben más de lo que aportan, prácticamente todas, salvo la Comunidad de Madrid, Cataluña y Baleares.

En la actualidad, y según los últimos datos actualizados por el Ministerio de Hacienda, los catalanes aportaron un total de 51.131 millones de euros en recaudación de tributos estatales en 2022, los correspondientes a IRPF, IVA, Sociedades y tributos especiales. De este cómputo total, las diferentes actualizaciones para garantizar la cesión de competencias al gobierno catalán elevó hasta el 50% el control impositivo sobre el IRPF y el IVA, y hasta el 58% en el caso de los tributos especiales, sin tener ninguna capacidad de actuación sobre lo recaudado en Sociedades, que fueron 6.201 millones el año pasado. Por tanto, sí que pudo gestionar directamente hasta 10.595 millones de la Renta y otros 8.835 del IVA, además de 713 correspondientes a los gravámenes especiales: un total de 26.344 millones.

Si se consumara esta cesión, que abriría la puerta a la creación de una Hacienda catalana, a esta cifra habría que sumarle otros 28.000 millones, los correspondientes al porcentaje de los impuestos que ahora no controla, más lo recaudado por Sociedades. Siempre bajo el cálculo del año 2022, ya que si las previsiones hechas por el propio Ministerio de Hacienda se cumplen, al montante total habría que añadirle un 7,7% extra de crecimiento recaudatorio en 2023. En total, la recaudación final del 100% rozaría los 55.000 millones bajo control independentista.

Una cantidad enorme si se compara con los 92.517 millones que Hacienda ha transferido en lo que va de año a las comunidades autónomas de régimen común en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación. Esta cantidad supone 9.060 millones más, casi un 11%, que los 83.457 millones de euros del mismo periodo de 2022. Sólo en el mes de septiembre, estos entes territoriales han ingresado 10.280 millones, frente a los 9.273 millones de hace un año, es decir, 1.007 millones más. Y, por supuesto, la comunidad que más recursos ha recibido hasta septiembre ha sido Cataluña, con 17.441 millones, lo que significan 37.600 millones menos de los que controlarían bajo su propia Hacienda, en detrimento del resto de comunidades, ya que el cupo autonómico a pagar y que debe pactarse –como en el caso de los gobiernos forales– no se acercaría ni de lejos a esa cifra, pese a que a esos 17.441 millones habría que sumarle las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado.

Según apunta Fedea, el volumen total de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común –medida a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal– experimentó en 2021 un incremento del 16%, unos 18.000 millones con respecto a 2020, debido fundamentalmente a la recuperación de los ingresos tributarios autonómicos y estatales tras el desplome causado por la crisis pandémica. Este incremento se ha visto mitigado en alguna medida por la reducción en unos 2.500 millones de euros de las transferencias extraordinarias del Estado para hacer frente esta situación. Para años los dos últimos año, los recursos sujetos a liquidación proporcionados por el sistema cayeron ligeramente en 2022 (-0,87%) y han rebotado con fuerza en 2023 (+19,3%), según las estimaciones previas.

Los ingresos de las comunidades autónomas bajo el actual sistema de financiación autonómica (SFA) provienen de la recaudación de los tributos cedidos total o parcialmente por el Estado y de sus participaciones en una serie de Fondos que canalizan transferencias estatales hacia los gobiernos regionales y redistribuyen recursos entre ellos. El más importante de estos fondos es el de Garantía, que se nutre con un 75% de los ingresos tributarios teóricos o normativos de las comunidades autónomas y con una aportación adicional del Estado. Los recursos derivados del Fondo de Garantía y del 25% de los ingresos tributarios autonómicos –que no se integran en el mismo– se complementan a través de un Fondo de Suficiencia –similar al existente en el sistema anterior– y de dos nuevos Fondos de Convergencia Autonómica, que también se financian con recursos del Estado. «Estos Fondos de Convergencia sirven para introducir algunos retoques finales en la distribución de recursos a favor de las regiones más ricas, las más pobres y las peor tratadas por el resto del sistema», explican desde Fedea.

Por ello, este sistema de igualdad y equidad entre comunidades ricas y pobres se vendría abajo con la salida del régimen común por parte de Cataluña, algo que ayer mismo negó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desdiciendo la propia base del acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts. «En ningún momento se ha planteado ni para Cataluña ni para ninguna otra comunidad», negó con rotundidad, y prefirió remitir al párrafo en el que el PSOE se compromete a aprobar medidas «que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña», así como a un «diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación catalán. Es decir, cada partido hace una propuesta en términos fiscales y se comprometen a llegar a un acuerdo. Esa es la verdad», según Montero.