Indignación y rechazo en la Administración Pública al acuerdo de Sánchez: "Rompe el régimen constitucional y vulnera la legalidad"

"Ruptura del régimen constitucional". "Atropello a las instituciones". "Vulneración de la legalidad vigente". "Fin de los principios de solidaridad, igualdad de trato y equidad entre generaciones". "Injerencia de los poderes ejecutivo o legislativo en el papel de la Administración". "Estado de Derecho en peligro". "Insaciable ansia de poder del estamento político".... Al unísono y en voz alta, todas estas declaraciones han salido a borbotones de las asociaciones de altos funcionarios del Estado y asociaciones de funcionarios, que han mostrado su indignación con los acuerdos firmados en las últimas horas entre el PSOE y dos de sus socios de investidura, Junts y PNV, que conllevan unas medidas que "van contra la democracia misma y contra las instituciones públicas".

Los inspectores de Hacienda, a través de la AHE, una de las asociaciones más beligerantes contra las decisiones que ha tomado el Gobierno de coalición durante la última legislatura, ha cargado contra el acuerdo porque "se vislumbra de manera clara y evidente la ruptura del régimen constitucional actual en varias materias, entre las cuales se encuentra la financiera". En ese sentido, el acuerdo precisa que se adoptarán medidas que permitan la autonomía financiera y la revisión actual del modelo de financiación de Cataluña. Por ello, el colectivo de inspectores denuncia que eso "implicaría la cesión de todas las competencias, incluidas las que hoy ejerce la Agencia Tributaria en Cataluña", lo que afectaría tanto a los funcionarios de Hacienda como otros colectivos pertenecientes a otros cuerpos de la Administración General del Estado (AGE). Para los inspectores, esta situación implicaría "sin lugar a dudas, la ruptura del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución y permite la existencia, por la vía de hecho, de comunidades autónomas de primera y de segunda, así como la vulneración de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

En similares términos se han manifestado los inspectores de Trabajo y Seguridad Social, que han mostrado su rechazo "frontal y absoluto" a los acuerdos entre Junts y PSOE por "vulnerar" el principio de igualdad de la Constitución, ya que este pacto pretende eliminar la obligación que encomienda el artículo 9.2 de la Constitución a los poderes públicos, para promover que la libertad e igualdad del individuo sean reales y efectivas. "Se vulnera la legalidad vigente y supone la ruptura del régimen constitucional actual".

El resto de altas esferas del Estado también han expresado su rechazo "total" a lo firmado. La Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social ha considerado que el acuerdo "constituye un ataque al Estado de derecho, al principio de igualdad inspirador del mismo, a la separación de poderes y a la independencia judicial". Respecto al traspaso de competencias de la Seguridad a los gobiernos forales, han corroborado que "cualquier cesión o transferencia de su gestión a las comunidades autónomas atentaría contra el modelo consagrado en el art 41 de nuestra Constitución, que contempla un régimen público de Seguridad Social, único y unitario para todos los ciudadanos como garantía de la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en materia de Seguridad Social".

La Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital) ha cargado contra la "preocupante deriva de ataques más o menos disimulados a nuestra propia existencia", tras alcanzar ahora "su culmen en la consideración de que todo es posible desde un asiento de elección política, desoyendo e ignorando las líneas rojas que nuestra Norma Fundamental, la Constitución". Por eso, "nos posicionamos en la defensa a ultranza del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del derecho de todo a ciudadano a tener resortes que frenen el insaciable ansia de poder del estamento político".

También, la Asociación de Funcionarios del Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera-Investigación (AEAT) ha mostrado su absoluto rechazo a "cualquier injerencia de los poderes ejecutivo o legislativo en el papel de la Administración de Justicia como garante del cumplimiento de las leyes y se suma a ellos en la exigencia de respeto a la independencia del Poder Judicial".

Fedeca -junto a su veintena de asociaciones-, los sindicatos CSIF, UGT y CC OO -estos dos últimos en el caso del traspaso de Rodalies-, y la casi totalidad de las asociaciones de las escalas superiores de técnicos y altos funcionarios han mostrado su rechazo a un acuerdo que ven "inconstitucional" y que rompe la igualdad entre los españoles.

Desde Gestha han manifestado que ceder la totalidad de los impuestos a Cataluña, tal y como propone Junts para apoyar la investidura, "no sería posible en el actual marco constitucional, de acuerdo con la previsión del artículo 156 de la Constitución. Ésta reconoce regímenes especiales a las Haciendas forales del País Vasco y Navarra, y las demás son haciendas de régimen común", explican fuentes de Gestha, que recuerdan que el acuerdo explicita que se trabajará en la autonomía financiera de Cataluña, lo que está reconocido en el artículo 156 de la Constitución, aunque dicho artículo dice que "gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles", por lo que "al ser exclusivamente en esos términos en los que se puede desarrollar la autonomía financiera de Cataluña y del resto de comunidades de régimen común", no cabrían cambios del marco legal.